Este lunes, el Tribunal Supremo (TS) español rechazó amnistiar al expresidente independentista catalán Carles Puigdemont y a dos de sus excolaboradores, todos prófugos de la justicia, acusados por malversación de fondos públicos, y mantiene la orden de que sean detenidos tan pronto como regresen a España.
En una resolución, el TS decidió no aplicar la controvertida ley de amnistía a los líderes independentistas que ya fueron juzgados e inhabilitados en 2019 para ejercer cargos públicos por malversación, en relación con ilegal el proceso soberanista catalán de 2017. Entre ellos se encuentra el exvicepresidente regional de Cataluña, Oriol Junqueras.
Según el alto tribunal, el delito de malversación no puede ser perdonado en este procedimiento, ya que entra en las excepciones de la ley de amnistía que el Parlamento español aprobó el pasado 30 de mayo para los implicados en el proceso secesionista.
Específicamente, obtuvieron un beneficio personal al financiar un referéndum de «autodeterminación«, organizado el 1 de octubre de 2017, con los fondos de la administración pública catalana, no con su patrimonio personal, lo cual afectó «potencialmente» los intereses financieros de la Unión Europea (UE).
El Tribunal Supremo (TS) español no tiene dudas de que concurren ambos principios que impiden perdonar el delito de malversación por el cual siguen procesados Puigdemont y sus antiguos colaboradores en aquel período del gobierno regional catalán, Antoni Comín y Lluis Puig, todos ellos fugitivos de la justicia española.
En su auto, el TS y otro dictado por el juez Pablo Llarena, quien investigó el caso en la fase de instrucción, siguen el criterio de los fiscales del juicio por el proceso independentista. A diferencia de esto, el fiscal general del Estado y superior jerárquico, Álvaro García Ortiz, ordenó aplicar la amnistía a todos los delitos.
Llarena sostiene que existe un daño económico para la Unión Europea debido a que el referéndum «afectaba necesaria y automáticamente a la configuración de España y a la dimensión territorial de la UE«.
El Tribunal Supremo coincide con la argumentación de Llarena respecto a la malversación, por lo que descarta presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE sobre «la corrección de la decisión del legislador nacional al aprobar la Ley de Amnistía, es decir, excluir todo perdón para los delitos que puedan afectar a los intereses financieros de la Unión«.
En cuanto a la dirigente independentista Marta Rovira, quien se fugó a Suiza, el juez levantó la orden de detención y solicitó a las partes interesadas que argumenten sobre la conveniencia de consultar al Tribunal Constitucional sobre si la amnistía es aplicable al delito de desobediencia.
Fuentes del Partido Socialista, impulsores de la ley de amnistía en el Parlamento, expresaron discrepancias con los argumentos del Tribunal Supremo. La portavoz socialista Esther Peña afirmó que «no cree que esto afecte a posibles acuerdos para formar gobierno en Cataluña«, donde ninguna fuerza obtuvo mayoría absoluta en los comicios de mayo pasado.
Por su parte, Carles Puigdemont respondió con un enigmático mensaje en redes sociales: «La Toga Nostra«, haciendo una referencia velada a la mafia siciliana.
La ley de amnistía, destinada a los condenados, procesados e investigados en relación con el intento ilegal de independencia de Cataluña, ha generado un gran rechazo en España, enfrentando a la izquierda, actualmente en el poder, y a la derecha, en la oposición.
Promovida por los socialistas después de las elecciones generales de julio de 2023, la ley de amnistía fue acordada con los partidos independentistas catalanes, en particular con Puigdemont, quien así podría regresar a España sin cargos pendientes.
Esta ley fue una condición impuesta por los independentistas catalanes para respaldar la reelección de Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo español, dado que carecía de suficientes diputados en el Congreso para lograrlo.
A favor de la ley votaron los partidos de izquierda, así como los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, mientras que en contra se manifestaron principalmente el Partido Popular (PP) y Vox.
Los socialistas defienden la ley de amnistía como un supuesto «paso valiente hacia la convivencia y la normalización política en Cataluña«, aunque la realidad es el «precio político» que Pedro Sánchez paga por mantenerse en el poder. Mientras tanto, los independentistas no renuncian a la idea de un referéndum de autodeterminación.
La amnistía se aplicaría desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023, beneficiando, entre otros, a los responsables del referéndum del 1 de octubre de 2017 y de la declaración unilateral de independencia posterior, ambas acciones declaradas inconstitucionales.
Como resultado de estos eventos, nueve líderes independentistas catalanes fueron condenados a diversas penas de prisión en 2019, mientras que Puigdemont, figura central del proceso, y otros colaboradores huyeron para evitar la acción judicial.
Por: Rodo Galdeano
Fuente: Derecha Diario
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