El Tribunal de Impugnaciones anuló la perpetua en el caso Amarfil

El caso por el crimen de Marcelo José Amarfil tuvo un giro judicial decisivo. El Tribunal de Impugnaciones resolvió dejar sin efecto la condena a prisión perpetua dictada contra Luciana Bustos y modificó la calificación legal del hecho, que pasó de homicidio agravado a homicidio simple.

La resolución, adoptada por los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Eduardo Raed y Benedicto Correa, descartó los agravantes de vínculo de pareja y alevosía que habían sido determinantes en la sentencia original. De este modo, la expectativa de pena se redujo de manera sustancial y ahora oscila entre los 8 y 25 años de prisión.

El fallo revierte la condena dictada el 26 de mayo de 2025 por un tribunal integrado por Gerardo Fernández Caussi, Guillermo Adárvez y Matías Parrón, que había sentenciado a Bustos a prisión perpetua, en línea con el pedido del Ministerio Público Fiscal.

Desde la defensa, el abogado Néstor “Roly” Olivera, junto a Fabiana Salinas y Marcelo Sandez Luján, destacó el alcance de la decisión judicial. “El tribunal quita los dos agravantes y el hecho deja de ser un homicidio agravado. Se trata de un homicidio simple, cuya pena va de ocho a veinticinco años”, explicó.

Además, el Tribunal de Impugnaciones rechazó los recursos presentados tanto por la fiscalía como por la querella, que buscaban sostener la figura de homicidio doblemente agravado. Según la defensa, la resolución reconoce que entre Bustos y Amarfil no existía una relación de pareja, sino un vínculo de amistad, y que el hecho no fue premeditado. “No estuvo organizado ni orquestado”, sostuvo Olivera.

El crimen ocurrió el 17 de enero de 2024, en una calle de la localidad de Las Chacritas, en el departamento 9 de Julio, cerca del aeropuerto. El cuerpo de Amarfil fue hallado sin vida, desnudo y con esposas de cuero en las muñecas, al costado de un Ford Fiesta. Bustos fue la única persona encontrada en el lugar, con manchas de sangre y en estado de shock, y fue quien dio aviso a la Policía.

Durante el juicio, la acusada sostuvo que actuó en legítima defensa ante un intento de abuso sexual, argumento que fue rechazado por el tribunal de juicio. No obstante, esa hipótesis podría volver a ser planteada en futuras instancias judiciales.

Tras esta decisión, el proceso abre dos posibles caminos: que la defensa interponga un recurso de casación ante la Corte de Justicia o que, si la recalificación queda firme, se convoque a una audiencia de cesura para fijar la pena definitiva, que en ningún caso podrá superar los 25 años de prisión.