Escala la interna en Sarmiento: concejales impugnaron su suspensión y acusaron arbitrariedad

La crisis política dentro del Concejo Deliberante de Sarmiento sumó un nuevo capítulo. Los concejales José Luis Fernández y Valeria Roxana Lourdes Ríos, alineados con el intendente Alfredo Castro, presentaron una impugnación formal contra la suspensión que les aplicó el presidente del cuerpo, Lucas Gómez, referente de La Libertad Avanza.

A través de un extenso escrito ingresado por Mesa de Entradas del municipio, los ediles solicitaron que la medida sea declarada nula y quede sin efecto. Argumentan que la sanción fue aplicada sin un procedimiento previo, sin notificación formal y sin que se les garantizara el derecho a ejercer su defensa.

El conflicto se remonta a una sesión especial realizada el 2 de febrero de este año. En aquella oportunidad, Fernández y Ríos decidieron retirarse del recinto al considerar que la convocatoria no cumplía con los requisitos establecidos por la legislación vigente. Según sostienen, los fundamentos de esa decisión quedaron asentados en el acta correspondiente y fueron compartidos por otros integrantes del cuerpo.

Sin embargo, cuatro meses después, el presidente del Concejo resolvió aplicarles una suspensión, decisión que ahora es cuestionada por los concejales sancionados.

Uno de los principales planteos apunta a la legalidad de aquella sesión especial. Los ediles sostienen que la Ley Orgánica de Municipalidades establece de manera expresa los casos en los que puede convocarse a ese tipo de reuniones y aseguran que la situación invocada por la Presidencia no se encontraba contemplada entre esos supuestos.

Bajo esa interpretación, afirman que la convocatoria fue irregular desde su origen y que, en todo caso, debió haberse realizado mediante una sesión extraordinaria. Además, remarcan que ningún reglamento interno puede ampliar facultades que no estén previstas por una ley provincial, por lo que consideran que se vulneró el principio de jerarquía normativa.

En la presentación incluso califican aquella sesión como “nula de nulidad absoluta”, al entender que se desarrolló al margen de las disposiciones legales que regulan el funcionamiento del Concejo Deliberante.

Fernández y Ríos también defendieron la decisión de abandonar el recinto. Señalaron que se trata de una práctica parlamentaria utilizada como mecanismo de expresión política y de disenso institucional, por lo que entienden que su conducta formó parte del ejercicio legítimo de sus funciones como representantes electos.

Además, destacaron que su salida no afectó el funcionamiento del cuerpo, ya que el quórum se mantuvo con los cuatro concejales restantes y la sesión pudo continuar con normalidad.

Otro de los cuestionamientos se centra en el tiempo transcurrido entre los hechos y la aplicación de la sanción. Los concejales sostienen que durante cuatro meses no existió ninguna actuación administrativa ni observación formal respecto de su conducta, situación que, a su criterio, vulnera principios de razonabilidad, seguridad jurídica y debido proceso.

Por último, la impugnación pone en duda las facultades del presidente del Concejo para aplicar una suspensión a concejales en ejercicio. Según interpretan, las atribuciones disciplinarias directas contempladas por la normativa vigente alcanzan únicamente al personal administrativo del cuerpo y no a los representantes surgidos del voto popular.

Mientras esperan una respuesta formal, los ediles solicitaron además una copia certificada del acta mediante la cual se resolvió la sanción y dejaron abierta la posibilidad de ampliar sus argumentos una vez que accedan a toda la documentación vinculada al caso.