La esposa del presidente del Gobierno español, Begoña Gómez, investigada por la justicia por presunta corrupción, se defendió públicamente este miércoles por primera vez, al asegurar que las denuncias en su contra tienen un objetivo político evidente. La justicia aplazó para el 18 de diciembre la comparecencia de Gómez, para que pueda asistir la próxima semana a la cumbre del G-20 en Brasil, y consideró desproporcionado el pedido de la ultraderecha de retirarle el pasaporte.

«Soy plenamente consciente de que tanto esta comisión como la colección de denuncias judiciales (…), todo esto, tiene un objetivo político evidente», señaló la esposa del socialista Pedro Sánchez ante una comisión en el Parlamento regional de Madrid, dirigido por la derecha, que investiga el supuesto «trato de favor» hacia ella por parte de la Universidad Complutense de la capital española, donde impartía clases.

«Por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas, tras cumplir con mi obligación de comparecer en esta comisión», dijo Gómez a los diputados regionales. «Más pronto que tarde la verdad pondrá las cosas en su sitio», remarcó.

Gómez también defendió su carrera profesional. «Desde hace 25 años (…) trabajo en consultoría y docencia, he coordinado equipos, he dirigido proyectos, he asesorado a más de medio centenar de profesionales en el sector privado y en el tercer sector y hace 12 años que inicié una colaboración con la Universidad Complutense de Madrid», señaló.

Apoyo del PSOE

La portavoz del oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la comisión, Marta Bernardo, criticó duramente lo que llamó una «comisión disparatada» cuyo objetivo es más que nada inflar los números de la televisión española en vez de buscar esclarecer los hechos. Dirigiéndose a Gómez, Bernardo le preguntó retóricamente si cree que esta comisión es un intento de atacar nuevamente al presidente del Gobierno, esta vez a través de su esposa.

Según Bernardo, “investigar es querer saber”, y afirmó que tanto la derecha como la ultraderecha no tienen ningún interés en descubrir la verdad. Además mencionó que estos sectores –sostuvo– van a tener que salir a pedir disculpas cuando el juez archive la investigación al no hacer pruebas de las acusaciones contra Begoña Gómez.

El secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, tildó de espectáculo lamentable de la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. «Se llama a la mujer del presidente del Gobierno por ser la mujer del presidente del Gobierno; exponerla a esta especie de linchamiento público tiene muy poquito que ver con nada que afecte de verdad a la vida de los madrileños», subrayó Lobato, en declaraciones a la prensa.

Rechazo a un pedido de la ultraderecha

Un juez en Madrid abrió en abril una investigación a Gómez por presunta corrupción y tráfico de influencias, por sospechas de que pudiera haberse aprovechado del cargo de su marido en sus relaciones profesionales. Cuando se conoció el inicio de la causa, Sánchez anunció sorpresivamente que estaba considerando renunciar, pero tras cinco días de reflexión, y de incertidumbre en el país, decidió mantenerse en la Moncloa.

El magistrado Juan Carlos Peinado inició sus indagaciones ante una denuncia de Manos Limpias (un colectivo cercano a la extrema derecha) y continúo con el asunto pese a dos informes de la Guardia Civil que no hallaron irregularidades y contra la opinión de la Fiscalía, que pidió archivar la causa.

En octubre, el juez amplió las pesquisas para determinar si Gómez incurrió en la apropiación indebida de un software creado para la cátedra de la Complutense que ella dirigía y que fue financiado por empresas. Por este nuevo posible delito, la justicia la citó a comparecer el 18 de noviembre, pero este miércoles la fecha se aplazó hasta el 18 de diciembre. Así lo indicó una resolución, recogida por la agencia de noticias Europa Press, en la que Peinado accedió a la solicitud de la defensa de Gómez, que había instado a la modificación de la fecha explicando que estaría de visita oficial en Brasil para asistir a la cumbre del G-20.

«Con independencia de que la asistencia a dicho acto tiene el carácter de voluntaria y la aceptación de la invitación podría haberse excusado, lo cierto es que la investigada tiene una especialísima relevancia social, por su condición de esposa del actual presidente del Gobierno», aseguró Peinado. «(Esto) da lugar a que se la tenga en cuenta para que sea objeto de consideración, con especiales privilegios, que la distinguen de cualquier ciudadano en quien no concurren dichas circunstancias, y por tanto, debe considerarse justificada su asistencia a dicho acto oficial y consecuentemente excusársela de la comparecencia en la sede de este juzgado el próximo día 18 de noviembre», argumentó.

Vox y el colectivo Manos Limpias, entre otros grupos de ultraderecha, habían solicitado al juez que le prohibiera a Gómez salir del país, le retirara el pasaporte y estableciera comparecencias quincenales, después de que ella anunciara que no podría presentarse ante el juez por su asistencia a la cumbre. El magistrado consideró innecesario y desproporcionado el pedido porque se trata de una medida para investigados que traten de eludir la acción de la justicia. «Es difícilmente contemplable que pretenda residir en cualquier otro país, con carácter prolongado en el tiempo», consideró.