El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a preparar los decretos que firmará el próximo 20 de enero, en su primer día en el poder tras haber ganado las elecciones presidenciales frente a Kamala Harris, incluyendo uno relacionado con la inmigración, informó este jueves la prensa estadounidense.

El republicano planea promulgar decretos para impulsar la perforación de petróleo con el objetivo de reducir los precios, dijo Jason Miller, asesor del presidente electo, al diario Politico. Si bien no especificó en qué consistirá precisamente esos decretos en materia energética, la apuesta del expresidente por los combustibles fósiles ha generado inquietud entre los defensores de una transición verde para atajar la crisis climática. Como buen negacionista climático, intentaría también eliminar todas las regulaciones del ahora presidente saliente, el demócrata Joe Biden, para fomentar la fabricación de vehículos eléctricos.

Trump quiere prohibir que las mujeres trans puedan participar en deportes femeninos y vetar las cirugías de afirmación de género para menores de edad, dos de los asuntos más aplaudidos en sus actos de campaña. También prometió recortar la financiación federal a los centros educativos en los que haya debates sobre raza, género u orientación sexual, aunque necesitaría el aval del Congreso para ello.

El magnate ha dicho además que «despediría en dos segundos» al fiscal especial Jack Smith, quien ha liderado la investigación en su contra por injerencia electoral de 2020 y por haber instigado supuestamente el asalto al Capitolio del 6 de enero 2021. A su vez, indultaría a varios de los condenados por atacar el Capitolio en 2021.

Para el plano internacional, afirmó que lograría un acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania en solo 24 horas, incluso antes de haber asumido el cargo. Sin embargo, no aclaró si admitiría que Rusia se anexionase parte del territorio ucraniano, lo que ha causado alarma en Kiev y en sus aliados de la OTAN.

Mano dura contra los inmigrantes

El asesor de la campaña de Trump también mencionó que el nuevo mandatario planea promulgar decretos para cerrar la frontera con México, aunque no dio detalles sobre sus posibles implicancias: si se trataría de clausurar los puertos legales de entrada o de aumentar la seguridad en la porosa zona fronteriza, que abarca más de 3.000 kilómetros.

Otra promesa que Trump hizo en matera migratoria para su primera jornada como presidente es poner fin a la ciudadanía por nacimiento, un principio consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense. Sin embargo, una medida de este tipo requeriría una enmienda constitucional aprobada por dos tercios de ambas cámaras del Congreso y ratificada por tres cuartas partes de los estados del país.

El plan de mano dura contra la inmigración del que fuera presidente de Estados Unidos entre 2017 y 2021 ha generado temores en el Gobierno de Biden sobre una posible ola de migrantes que intenten ingresar al país por la frontera sur antes de la transición, informó la cadena televisiva NBC News.

Trump ya adelantó el lunes en un acto de campaña que, en su primer día de mandato, amenazará a México con aranceles del 25% a todas sus importaciones si no frena la «llegada de criminales y drogas al país», una medida que podría suponer una violación del tratado comercial T-MEC. Durante los últimos meses, el republicano aseguró que va a expulsar a los migrantes en situación irregular porque, según él, «envenenan la sangre» del país.

Al día siguiente, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum destacó una disminución del 75% en el número de migrantes que llegan a la frontera con Estados Unidos, en respuesta a la advertencia de Trump a quien felicitó por su triunfo en las urnas.

En su discurso de victoria en la madrugada del miércoles, desde West Palm Beach (Florida), Trump se mostró en un tono menos agresivo contra los inmigrantes, aunque aún  así subrayó su promesa de sellar la frontera y de expulsar del país a las más de 11 millones de personas que viven sin un estatus legal. “Tenemos que dejarlos regresar (a los inmigrantes), pero lo van a tener que hacer de manera legal. Tienen que venir, pero de manera legal», sostuvo.

Para llevar a cabo su plan, el magnate prometió invocar una ley de 1798 y que solo se ha usado en tiempos de guerra. Un reciente cálculo del Consejo de Inmigración Estadounidense (AIC, en inglés) estima que EE.UU. gastaría 315.000 millones de dólares para deportar 13 millones de indocumentados en más de una década.

La situación de la frontera

Tras los comicios, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dio su apoyo a la propuesta de deportaciones masivas del mandatario electo y aseguró que comenzarán con los migrantes que tengan antecedentes criminales. «(Trump) hará lo que casi todos los estadounidenses están de acuerdo que haga: comenzar con los criminales que están aquí», indicó Abbott en una rueda de prensa en la ciudad de Tyler, a las afueras de Dallas. «Después de que termine con eso, mirará a otros lugares», agregó.

La dura política migratoria que se viene provocará un aumento en el flujo de migrantes en la frontera norte de México. «Es posible que se dé un estancamiento de las personas migrantes en Ciudad Juárez, como ha pasado en otras ocasiones», afirmó Francisco Segovia, director del albergue de la Frontera de Gracia. «El Gobierno de Estados Unidos tarda mucho tiempo para autorizar el paso de un migrante y eso principalmente es lo que preocupa en México, que la oleada de migrantes que crezca, el flujo de migrantes que llegan a la frontera”, apuntó.

«Debemos permanecer unidos»

Mientras tanto, grupos defensores de los inmigrantes criticaron las medidas que implementaría el presidente electo. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés) fue uno de los primeros en manifestarse y recordar lo esencial que son los inmigrantes para que el país prospere. “Si se implementan, las políticas antiinmigrantes declaradas por Donald Trump infligirán un daño duradero a la economía, las comunidades y el carácter estadounidense”, advirtió en un comunicado el director ejecutivo de AILA, Benjamin Johnson.

También indicó que los más de 16.000 miembros que componen la asociación se opondrán a las leyes y políticas que violen el debido proceso, socaven los derechos civiles o denigren las contribuciones de los inmigrantes. “Nuestra prosperidad futura depende de que no nos rindamos. Debemos permanecer unidos y trabajar por un futuro más brillante”, remarcó.

Un mensaje similar fue dado por la Alianza Américas, que reúne a cerca de 60 grupos y organizaciones latinoamericanas en EE.UU. “El bienestar de los Estados Unidos es también el bienestar de las familias inmigrantes. Estamos entrelazados en una sociedad, economía y cultura estadounidenses», señaló en un comunicado su directora, Dulce Guzmán, asegurando que todos los grupos subrayaron su compromiso en seguir luchando por las familias inmigrantes.

La Asociación Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), por su parte, prometió en una nota combatir desde el primer minuto que el republicano asuma la presidencia el plan ilegal de deportación masiva. Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva de United We Dream, recordó que se ha logrado construir un movimiento proinmigrante “capaz de resistir incluso las condiciones más duras».

Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), la organización proinmigrante más grande de California, dijo que la victoria del expresidente no debe ser un mandato para deportar en masa o separar a las familias. “La mayoría de los estadounidenses apoyan un camino hacia la ciudadanía, y seguiremos trabajando con las administraciones actuales y entrantes y el Congreso para promover soluciones prácticas, humanas y permanentes”, añadió la activista.