García Nieto cuestiona el decreto de Milei sobre la hormonación en menores: «Hay que facilitar la convivencia, no dificultarla»
La Ministra de la Corte Dra. Adriana García Nieto, que asumirá la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de San Juan el próximo 1 de marzo, se mostró crítica ante el reciente decreto emitido por el Gobierno nacional, que prohíbe las cirugías y tratamientos hormonales en personas menores de 18 años que deseen cambiar de sexo. El decreto 62/2025, publicado el 6 de febrero, generó un fuerte debate tras el discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial, donde cuestionó diversos temas vinculados a la inclusión, la diversidad y los derechos de las minorías.
Durante la inauguración de la reforma de la morgue judicial, García Nieto expresó su preocupación sobre la normativa y planteó que, como Poder Judicial, es esencial reflexionar sobre los motivos de esta decisión y las repercusiones que podría tener para la sociedad. «Nosotros debemos preguntarnos por qué se modifica esta norma y si realmente estamos tomando medidas que faciliten la convivencia en comunidad», dijo la jueza.
En su intervención, García Nieto subrayó que las políticas deben centrarse en el respeto a las decisiones individuales, siempre que no impliquen un daño hacia otras personas. «Es importante evitar las generalizaciones, las categorizaciones y los juicios sin fundamento. Cada individuo tiene el derecho a tomar decisiones sobre su vida personal, siempre y cuando esas decisiones no perjudiquen a terceros», afirmó.
El decreto 62/2025 ha provocado diversas reacciones en todo el país. Mientras algunos lo apoyan por considerar que protege a los menores de decisiones irreversibles, otros, como García Nieto, lo ven como un retroceso en el reconocimiento de los derechos de las personas trans. La jueza hizo hincapié en la necesidad de un enfoque más inclusivo y reflexivo en cuanto a las políticas de salud y derechos humanos.
Este tema se encuentra en el centro del debate público, mientras el Gobierno nacional sigue defendiendo su postura, y diversas voces, como la de García Nieto, continúan cuestionando los efectos de esta normativa en la libertad personal y la equidad.
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