Golpe millonario a Manaos: deberá pagar $800 millones a un exdistribuidor de San Juan y Mendoza

La batalla judicial que enfrentaba a la gigante de las bebidas Manaos con uno de sus exdistribuidores llegó a su fin. Tras años de litigio, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza dejó firme la sentencia que obliga a la firma de Orlando Canido a pagar $807.676.293,72 (más intereses acumulados) a un trabajador que operaba en las provincias de San Juan, Mendoza y La Pampa.

El fin del camino judicial

La resolución, firmada por los jueces Omar Palermo, Norma Llatser y Mario Adaro, desestimó el intento de la empresa por llevar el caso ante la Corte Suprema de la Nación. El tribunal provincial consideró que el reclamo de Manaos era “improcedente” y que solo buscaba repetir argumentos ya revisados, confirmando que no existe una “cuestión federal” que justifique la intervención del máximo tribunal del país.

Con este fallo, se activa la cuenta regresiva: Manaos tiene solo 5 días hábiles para cancelar la millonaria deuda.

El origen del conflicto

El demandante trabajó para la empresa entre 2013 y 2022. Según la justicia, la relación laboral estuvo marcada por diversas irregularidades:

• Registración deficiente: El trabajador denunció que, aunque comenzó en 2013, recién fue formalizado en 2015 bajo contratos que no reflejaban su situación real.

• Maniobras de evasión: Se detectaron descuentos indebidos y falta de aportes previsionales.

• Despido indirecto: El conflicto escaló cuando la empresa intentó modificar las condiciones territoriales del distribuidor (quien manejaba tres provincias), lo que derivó en la ruptura del vínculo laboral.

“A lo mejor tenía tres provincias y le dejaron una y por eso hizo juicio”, había declarado en su momento Orlando Canido, dueño de la marca, calificando el fallo original como “insólito”.

Una cifra que marcó un precedente

Si bien la Cámara del Trabajo de San Rafael había fijado inicialmente una cifra cercana a los $1.500 millones (contando intereses), la Suprema Corte intervino anteriormente para reajustar los cálculos utilizando la tasa de préstamos personales del Banco Nación.

A pesar de esa reducción, el monto final de $800 millones representa una de las indemnizaciones individuales más altas en la historia reciente de la justicia laboral de la región, enviando un fuerte mensaje sobre el cumplimiento de las normativas de registración para los distribuidores mayoristas.

POR LIC. EUGENIA VILA