Guerra por la energía minera: fracasó el acuerdo por la línea eléctrica y el EPRE amenaza con frenar las obras de Vicuña

El mega proyecto minero Vicuña —una de las apuestas más ambiciosas del país con una inversión estimada en 4.500 millones de dólares— sumó un inesperado freno de mano. Tras vencerse el plazo de 30 días otorgado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el ente provincial (EPRE) confirmó que el acuerdo con la empresa minera fracasó y amenazó con llevar el conflicto a la Justicia Federal si no se modifican las condiciones de conectividad.

El conflicto escaló luego de que el EPRE enviara una dura nota al ENRE informando que la minera desestimó el acta convenio que buscaba regular el uso de la línea eléctrica que une el Gran San Juan con Rodeo. El organismo local advirtió que, si el Gobierno Nacional otorga la habilitación bajo las condiciones iniciales, recurrirá de forma extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para impedir el inicio material de las obras.

¿Por qué se desató el conflicto?

El eje de la polémica radica en el uso de la energía interconectada. Originalmente, el ENRE nacional le había otorgado a Vicuña (que engloba los proyectos Josemaría y Filo del Sol) el 90% del excedente de energía por 25 años.

Esta decisión encendió las alarmas no solo del EPRE, sino de otros gigantes mineros como Los Azules, Casposo y Hualilán, además de los municipios de Jáchal e Iglesia y la provincia de La Rioja. El argumento de la oposición es contundente: de mantenerse ese beneficio exclusivo, cualquier otro proyecto productivo futuro tendría que pedirle permiso y comprarle la energía a Vicuña.

Las exigencias del EPRE para destrabar el proyecto

El organismo sanjuanino aclaró en un comunicado que “no procura obstaculizar las inversiones”, pero exige reglas claras y equitativas. Para dar luz verde, el EPRE reclama que se cumpla un pliego de condiciones técnicas y económicas:

• Límite de potencia: Vicuña solo podrá acceder a 260 MW de energía iniciales (el proyecto completo prevé requerir unos 700 MW).

• Pagar el “derecho de piso”: La empresa debe asumir los costos de mitigación e inversión histórica que la provincia y los usuarios sanjuaninos ya realizaron en la infraestructura eléctrica básica (trazas, caminos y servidumbres).

• Aporte al Fondo PIEDE: Todo nuevo ingresante (incluida Vicuña si requiere expandirse) deberá abonar un canon técnico de 481.906 dólares por cada MW de capacidad reservada para preservar la equidad tarifaria provincial.

• Plazos estrictos: Se exige un límite de 12 meses para el inicio efectivo de las obras civiles y electromecánicas (valuadas en más de 365 millones de dólares), bajo riesgo de perder la habilitación.

¿Qué sigue ahora? La pelota quedó del lado del ENRE nacional, que deberá dictar una resolución definitiva. Sin embargo, en el sector minero ya miran el panorama con preocupación: una judicialización ante la Corte Suprema podría congelar por tiempo indeterminado el avance del proyecto más importante de la provincia.