La creación de este puesto se estableció en la Constitución de 1986, y desde entonces ha sido ocupada por representantes del oficialismo en turno. El reemplazo del defensor del Pueblo surge de la Legislatura, donde el Gobierno de Marcelo Orrego se encontrará en minoría a partir de diciembre, lo que habrá acuerdos con otras fuerzas políticas para designar un nuevo funcionario.
Julio Orihuela fue el primer defensor del Pueblo, designado por el oficialismo en 1987. Tras su fallecimiento en 2018, en la gestión uñaquista se realizaron cambios a la normativa, presentando un mandato de cinco años para el cargo. En diciembre de 2019, García Nieto fue propuesto por el oficialismo y asumió la función, trabajando en la defensa de derechos constitucionales y en temas de interés colectivo.
Una vez que García Nieto asuma su nuevo cargo como diputado, la vacante de defensor del Pueblo deberá ser aprobada por simple mayoría en la Cámara de Diputados, y se dispondrá de un plazo de 30 días para el nombramiento de un nuevo funcionario. Mientras tanto, uno de los defensores adjuntos ocupará temporalmente el puesto.
El Gobernador y el vicepresidente electo de la próxima Cámara de Diputados, Fabián Martín, pertenecen a Juntos por el Cambio (JxC) y estarán en minoría en la Legislatura, lo que los obligará a buscar acuerdos con otras bancadas para designar al nuevo defensor del Pueblo, al igual que para otros puestos de importancia, como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento.
La antigua ley establecía que el defensor del Pueblo pudo ser removido a través de un juicio político, pero una modificación en la normativa permite su desplazamiento por el voto de los dos tercios de los miembros presentes en la Legislatura, en caso de incapacidad sobreviniente o notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo.
El defensor del Pueblo debe ser un abogado con al menos cinco años de antigüedad en el título y tener 30 años o más de edad. Este funcionario no recibe instrucciones ni mandatos de ninguna autoridad y su salario está equipado al de un ministro del Poder Ejecutivo provincial.
La designación del nuevo defensor del Pueblo será un proceso clave para mantener un equilibrio en la gestión de Juntos por el Cambio, dado que la propuesta para este cargo surge directamente de los legisladores y requiere el apoyo de otras fuerzas políticas para ser concretada.
Op: Juan Llarena
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