La implementación a pleno del sistema implicará la incorporación de unas 20 mil causas anuales, cuando hoy contiene a poco más de 5.800. Se trata de un cambio grande, que necesita recursos en personal y estructura.

El presidente de la Corte, Guillermo De Sanctis, señaló que «entre el 10 de diciembre y los primeros meses de 2024 podemos estar, sin ningún problema, poniendo en marcha el sistema». Sin embargo, aclaró que tamaña modificación «requiere diálogo» con el próximo gobierno de Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio (JxC).

Otra modificación fuerte se dará con el traspaso «funcional» de la Brigada de Investigaciones de la Policía a «la dependencia» de Fiscalía. Por eso, el proyecto de ley que se enviará el mes que viene indicará que la decisión de su implementación estará en poder de la Corte, aunque cuando estén dadas las condiciones.

El presidente de la Corte destacó que «hay que tener presente la transición política y el ordenamiento del nuevo Gobierno».

El sistema acusatorio, que se caracteriza por la resolución rápida de los casos, debutó en febrero de 2021 con cuatro unidades fiscales que concentraron las denuncias de abuso sexual, de violencia de género, los casos por homicidios culposos (negligencia y mala praxis) y delitos contra la administración pública. También se sumaron las causas de Flagrancia, el sistema de enjuiciamiento exprés para los sospechosos atrapados cometiendo un delito, que había empezado a funcionar en 2017.

El acusatorio a full contendrá los casos de robos, hurtos, estafas entre particulares, lesiones y amenazas (fuera del contexto de violencia de género), coacción y lesiones culposas, entre otras.

El tamaño crecimiento necesitará de fondos para, por ejemplo, la incorporación de personal. En la actualidad está el concurso de 14 cargos judiciales, entre los que hay cuatro puestos de jueces de primera instancia y uno para el Tribunal de Impugnación y tres defensores Oficiales para reforzar el acusatorio.

De Sanctis dijo que están trabajando en el diseño y que, en cuanto a los fiscales, «la Corte puede poner más funcionarios, como ayudantes fiscales y abogados que sean de apoyo», por lo que indicó que pueden arrancar con el mecanismo.

La implementación del acusatorio a pleno en San Juan es una reforma ambiciosa que necesita recursos y coordinación. Es importante que el gobierno de Orrego garantice el financiamiento necesario para que el sistema funcione de manera efectiva y que se lleve a cabo un proceso de transición ordenado con la Policía.