Nuevo Centro Integral para Menores en Conflicto con la Ley Penal abrirá en octubre La provincia está trabajando de manera coordinada para la apertura del Centro de Admisión y Derribamiento (CAD) de Menores en Conflicto con la Ley Penal, programada para octubre. Este centro, que operará en Santa Lucía, tiene como objetivo brindar una respuesta integral a los menores que llegan a las comisarías por haber estado involucrados en delitos. La iniciativa, que depende de la Justicia provincial y cuenta con la colaboración de los sectores de Seguridad, Salud Pública, Desarrollo Humano y Educación, busca abordar la realidad social, familiar y educativa de estos jóvenes. El CAD funcionará de manera similar al Centro de Asistencia a la Víctima y el Imputado (CAVIG) y se centrará en prevenir la reincidencia de los menores en actividades delictivas. El secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, destacó la importancia de abordar las causas que llevan a los menores a delinquir y enfatizó que «los menores no son objetos de persecución o sanción, pero desde una perspectiva social, representan un desafío para la comunidad». En cuanto a la cuestión de la baja de la imputabilidad, tanto Munisaga como el juez de la Primera Nominación de Niñez y Adolescencia, Jorge Toro, coincidieron en que es necesario centrarse en el diseño de políticas de estado concretas que aborden la situación de los menores en su contexto. Toro señaló: «Necesitamos lograr que estos jóvenes regresen a la escuela y tengan oportunidades de involucrarse en actividades como el deporte». El proceso en el CAD será el siguiente: cuando un menor sea aprehendido por la policía, será trasladado a este centro, donde se le brindará asistencia médica si es necesario. Luego, psicólogos y profesionales de Desarrollo Humano y Niñez trabajarán con el menor para identificar las causas de su comportamiento delictivo. Todos los detalles quedarán registrados en el centro para un seguimiento adecuado. La Justicia de Menores estará a cargo del seguimiento y tomará medidas adicionales en caso de reincidencia. El CAD se enfocará en la salud mental de los menores, tratará las adicciones y considerará el entorno familiar y social de los jóvenes como parte integral de su abordaje. «El CAD marcará un antes y un después en la vida de estos jóvenes. Las comisarías no están diseñadas para alojar a menores, y a menudo nos vemos obligados a liberarlos sin un adecuado abordaje social. El objetivo del CAD es asegurarse de que este mecanismo funcione», concluyó Toro. La apertura del CAD representa un esfuerzo por brindar una solución más completa y efectiva para los menores en conflicto con la ley penal, centrándose en su rehabilitación y prevención de futuros delitos. Se espera que esta iniciativa tenga un impacto positivo en la comunidad y en la vida de estos jóvenes.

La provincia está trabajando de manera coordinada para la apertura del Centro de Admisión y Derribamiento (CAD) de Menores en Conflicto con la Ley Penal, programada para octubre. Este centro, que operará en Santa Lucía, tiene como objetivo brindar una respuesta integral a los menores que llegan a las comisarías por haber estado involucrados en delitos. La iniciativa, que depende de la Justicia provincial y cuenta con la colaboración de los sectores de Seguridad, Salud Pública, Desarrollo Humano y Educación, busca abordar la realidad social, familiar y educativa de estos jóvenes.

El CAD funcionará de manera similar al Centro de Asistencia a la Víctima y el Imputado (CAVIG) y se centrará en prevenir la reincidencia de los menores en actividades delictivas. El secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, destacó la importancia de abordar las causas que llevan a los menores a delinquir y enfatizó que «los menores no son objetos de persecución o sanción, pero desde una perspectiva social, representan un desafío para la comunidad».

En cuanto a la cuestión de la baja de la imputabilidad, tanto Munisaga como el juez de la Primera Nominación de Niñez y Adolescencia, Jorge Toro, coincidieron en que es necesario centrarse en el diseño de políticas de estado concretas que aborden la situación de los menores en su contexto. Toro señaló: «Necesitamos lograr que estos jóvenes regresen a la escuela y tengan oportunidades de involucrarse en actividades como el deporte».

El proceso en el CAD será el siguiente: cuando un menor sea aprehendido por la policía, será trasladado a este centro, donde se le brindará asistencia médica si es necesario. Luego, psicólogos y profesionales de Desarrollo Humano y Niñez trabajarán con el menor para identificar las causas de su comportamiento delictivo. Todos los detalles quedarán registrados en el centro para un seguimiento adecuado. La Justicia de Menores estará a cargo del seguimiento y tomará medidas adicionales en caso de reincidencia.

El CAD se enfocará en la salud mental de los menores, tratará las adicciones y considerará el entorno familiar y social de los jóvenes como parte integral de su abordaje. «El CAD marcará un antes y un después en la vida de estos jóvenes. Las comisarías no están diseñadas para alojar a menores, y a menudo nos vemos obligados a liberarlos sin un adecuado abordaje social. El objetivo del CAD es asegurarse de que este mecanismo funcione», concluyó Toro.

La apertura del CAD representa un esfuerzo por brindar una solución más completa y efectiva para los menores en conflicto con la ley penal, centrándose en su rehabilitación y prevención de futuros delitos. Se espera que esta iniciativa tenga un impacto positivo en la comunidad y en la vida de estos jóvenes.

La provincia está trabajando de manera coordinada para la apertura del Centro de Admisión y Derribamiento (CAD) de Menores en Conflicto con la Ley Penal, programada para octubre. Este centro, que operará en Santa Lucía, tiene como objetivo brindar una respuesta integral a los menores que llegan a las comisarías por haber estado involucrados en delitos. La iniciativa, que depende de la Justicia provincial y cuenta con la colaboración de los sectores de Seguridad, Salud Pública, Desarrollo Humano y Educación, busca abordar la realidad social, familiar y educativa de estos jóvenes.

El CAD funcionará de manera similar al Centro de Asistencia a la Víctima y el Imputado (CAVIG) y se centrará en prevenir la reincidencia de los menores en actividades delictivas. El secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, destacó la importancia de abordar las causas que llevan a los menores a delinquir y enfatizó que «los menores no son objetos de persecución o sanción, pero desde una perspectiva social, representan un desafío para la comunidad».

En cuanto a la cuestión de la baja de la imputabilidad, tanto Munisaga como el juez de la Primera Nominación de Niñez y Adolescencia, Jorge Toro, coincidieron en que es necesario centrarse en el diseño de políticas de estado concretas que aborden la situación de los menores en su contexto. Toro señaló: «Necesitamos lograr que estos jóvenes regresen a la escuela y tengan oportunidades de involucrarse en actividades como el deporte».

El proceso en el CAD será el siguiente: cuando un menor sea aprehendido por la policía, será trasladado a este centro, donde se le brindará asistencia médica si es necesario. Luego, psicólogos y profesionales de Desarrollo Humano y Niñez trabajarán con el menor para identificar las causas de su comportamiento delictivo. Todos los detalles quedarán registrados en el centro para un seguimiento adecuado. La Justicia de Menores estará a cargo del seguimiento y tomará medidas adicionales en caso de reincidencia.

El CAD se enfocará en la salud mental de los menores, tratará las adicciones y considerará el entorno familiar y social de los jóvenes como parte integral de su abordaje. «El CAD marcará un antes y un después en la vida de estos jóvenes. Las comisarías no están diseñadas para alojar a menores, y a menudo nos vemos obligados a liberarlos sin un adecuado abordaje social. El objetivo del CAD es asegurarse de que este mecanismo funcione», concluyó Toro.

La apertura del CAD representa un esfuerzo por brindar una solución más completa y efectiva para los menores en conflicto con la ley penal, centrándose en su rehabilitación y prevención de futuros delitos. Se espera que esta iniciativa tenga un impacto positivo en la comunidad y en la vida de estos jóvenes.