Inminente Restitución de Estatales Cesanteados tras Cautelar a Favor del SEP

En un giro importante en la situación de los empleados estatales cesanteados en San Juan, se ha informado que, luego de la resolución de la medida cautelar a favor del Sindicato de Empleados Públicos de San Juan (SEP), el Gobierno anuncia la inminente restitución de una parte de los trabajadores afectados.

El amparo presentado por el SEP fue resuelto inicialmente por el Octavo Juzgado Civil, que dictaminó una medida cautelar para restituir a los empleados estatales cesanteados mientras se lleva a cabo el proceso de revisión de contratos, en respuesta al decreto que anulaba nombramientos y contratos de los últimos 6 meses de la gestión provincial anterior.

En declaraciones a Canal 8, el asesor Letrado de Gobierno, Ricardo Ferrari, afirmó que, aunque aún no han sido notificados oficialmente, el Ministerio de Economía de la provincia informará en las próximas horas quiénes serán los primeros empleados estatales restituidos en sus cargos, como resultado de la revisión llevada a cabo por la comisión pertinente.

Ferrari explicó que la resolución de la cautelar se tomó sin dar oportunidad al Gobierno de participar u ofrecer alguna defensa previa. No obstante, anticipó que la Fiscalía de Estado deberá ser notificada y comparecer en el juzgado para ejercer las acciones correspondientes en representación del Estado provincial.

En cuanto a la actuación del Gobierno, Ferrari detalló que la Comisión Revisora de las designaciones está operativa, y se espera que el Ministerio de Economía emita una resolución nominando a los agentes que permanecerán en planta permanente. Además, destacó que la restitución será gradual, abarcando a medida que avance la revisión y no la totalidad del universo de empleados afectados.

Finalmente, el asesor Letrado subrayó que la provincia considera que muchos casos de designación fueron irregulares y que la decisión de cesantear a ciertos empleados se basa en la irregularidad del acto de designación o la falta de antigüedad requerida por la Constitución. En este sentido, reiteró la facultad del gobernador para nombrar y remover personal cuando sea necesario para las funciones administrativas.