Instituciones que atienden a personas con discapacidad advierten por demoras de hasta cinco meses en los pagos de Incluir Salud

Las instituciones que brindan atención a personas con discapacidad en San Juan atraviesan una situación compleja debido a las demoras en los pagos del programa nacional Incluir Salud. Según confirmó la directora provincial de Discapacidad, Paula Moreno, algunos prestadores acumulan hasta cinco meses sin recibir los fondos correspondientes, lo que dificulta el funcionamiento cotidiano de los centros y el pago a los profesionales.

La funcionaria explicó que los convenios entre las instituciones y el programa son administrados directamente por el Gobierno nacional, por lo que la Provincia no interviene ni en la gestión de los contratos ni en la acreditación de los pagos.

“Desde la Provincia conocemos la situación porque mantenemos contacto con las instituciones, pero no participamos del proceso administrativo de Incluir Salud”, señaló Moreno, quien agregó que, aunque en los últimos meses se liberaron algunas partidas, todavía persisten importantes atrasos.

La titular de Discapacidad remarcó que las demoras obedecen a cuestiones administrativas vinculadas a la reorganización de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que actualmente depende del Ministerio de Salud de la Nación.

El programa Incluir Salud financia una amplia variedad de prestaciones para sus afiliados, entre ellas atención médica, provisión de medicamentos, tratamientos de rehabilitación, prótesis, diálisis, trasplantes y transporte para personas con discapacidad. Precisamente, estos últimos servicios son los que registran mayores inconvenientes por la falta de actualización en los pagos.

Moreno explicó que el impacto no es uniforme entre todos los prestadores. Aquellas instituciones que trabajan con varias obras sociales logran sostener su actividad gracias a ingresos provenientes de otros convenios. En cambio, los centros cuya principal fuente de financiamiento es Incluir Salud enfrentan mayores dificultades para mantener la continuidad de los servicios.

Pese al escenario financiero, muchas instituciones han decidido sostener las prestaciones para evitar que las personas con discapacidad interrumpan sus tratamientos. Sin embargo, la acumulación de deuda comienza a repercutir en la capacidad de afrontar gastos operativos y cumplir con el pago de salarios.

“La continuidad de los servicios depende de que los pagos se regularicen. Las instituciones necesitan esos recursos para funcionar con normalidad y garantizar la atención de los pacientes”, concluyó la directora.

Rivero. C