Investigación en Curso: Comisario y Oficial de Policía Sospechados de Falsificación de Documento en Caso de Robo

 

Un comisario inspector y un oficial ayudante de la Policía están bajo investigación por presunta vinculación con la falsificación de un documento relacionado con la pericia de un teléfono incautado en un caso de robo. El perito designado para la evaluación del dispositivo negó ser el autor del informe y la firma presentados como prueba en la causa.

 

El fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Fabricio Poblete (UFI de Delitos Especiales) imputaron al comisario inspector Marcelo Fabián Paredes, actualmente en la Dirección de Bomberos, y al oficial ayudante José Gómez, ambos trabajadores de la seccional 5ta de Santa Lucía. Los delitos que se les imputan incluyen la presunta falsificación de instrumento público, agravada por su condición de funcionarios públicos, y el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

 

La situación salió a la luz en abril cuando el perito Leonardo Campillay, llamado a declarar sobre su informe respecto a un Motorola E40 incautado en un caso de robo, desconoció tanto el informe como la firma y el documento de identidad asociado, que presentaban alteraciones en los números. Campillay sospecha que sus datos pudieron ser obtenidos en la seccional 5ta, donde había realizado previamente una tarea pericial.

 

La denuncia realizada el 11 de abril condujo a la investigación actual. Durante el proceso, el comisario inspector Paredes reconoció su firma pero negó ser el autor de la atribuida al perito. En sus declaraciones, Paredes buscó desvincularse del problema, destacando la dinámica de trabajo desde Flagrancia y la complejidad de atender múltiples demandas judiciales.

 

La defensa del comisario solicitó que Campillay sea incluido en las pericias caligráficas para determinar la verdad, propuesta que Paredes aceptó convencido de su inocencia. Por otro lado, el oficial Gómez no emitió declaración, y su defensora oficial, María Emilia Nielson, negó cualquier participación del oficial en la supuesta manipulación del documento.

 

La jueza de Garantías, Celia Maldonado, otorgó a la Fiscalía un plazo de 8 meses para llevar a cabo la investigación y esclarecer los detalles de este caso de presunta falsificación y mala praxis policial.