Investigan bajo el Protocolo de Minnesota la muerte de un detenido en Valle Fértil

La Justicia sanjuanina avanza en la investigación por la muerte de Daniel Alberto “Pichi” Paredes, el hombre de 45 años que apareció sin vida dentro de un calabozo de la Comisaría 12 de Valle Fértil. El caso es analizado bajo los lineamientos del Protocolo de Minnesota, un estándar internacional impulsado por la ONU para investigar posibles muertes ilícitas bajo custodia estatal.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales y el fiscal Francisco Pizarro confirmó que este jueves fue citado el hermano de la víctima para ser notificado formalmente sobre la aplicación del protocolo y recibir copia parcial del expediente con las actuaciones realizadas hasta el momento.

Desde la fiscalía señalaron que, aunque el Código Procesal Penal prevé este tipo de información recién en instancias posteriores, decidieron avanzar con la entrega debido a la repercusión social que tuvo el caso en Valle Fértil y al reclamo de la familia.

Mientras tanto, la investigación continúa a la espera de los resultados definitivos de la autopsia, considerados clave para determinar cómo ocurrió la muerte dentro de la dependencia policial.

El fallecimiento de Paredes se conoció el pasado 23 de abril, aunque según las primeras versiones oficiales habría ocurrido durante la noche anterior, pocas horas después de haber sido detenido por presuntos disturbios en la vía pública.

La versión policial sostiene que el hombre se encontraba en estado de ebriedad y que fue alojado en un calabozo de la seccional, donde posteriormente habría utilizado sus propias prendas para quitarse la vida.

Sin embargo, la familia rechazó desde el inicio esa hipótesis y apuntó contra efectivos policiales. Renato Paredes aseguró públicamente que nunca le permitieron ver el cuerpo ni recuperar las pertenencias personales de la víctima.

“Para mí le han pegado hasta matarlo”, expresó el familiar, quien además denunció supuestos antecedentes de abusos policiales en la zona y anticipó que avanzarán judicialmente contra los efectivos involucrados.

Actualmente, el caso también es seguido por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), organismo nacional que interviene en situaciones vinculadas a posibles hechos de violencia institucional o muertes bajo custodia estatal.

El Protocolo de Minnesota establece que este tipo de investigaciones deben desarrollarse bajo criterios de rapidez, independencia, exhaustividad y transparencia hacia los familiares de la víctima, con el objetivo de garantizar el esclarecimiento de los hechos y eventuales responsabilidades estatales.

Op: Juan Llarena