Israel continúa el asedio sobre la Franja de Gaza, donde, este jueves, su ofensiva militar se cobró la vida de al menos 27 personas y causó decenas de heridos a través del territorio. El mismo día, el Ejército israelí ordenó una nueva evacuación de barrios al norte del enclave, luego de que se aprobara un proyecto que permite deportar a familiares de «terroristas» árabes a Gaza.

Violencia de hoy

El Ejército israelí ordenó este jueves a los residentes de cinco barrios del norte de Gaza abandonar sus residencias, tras considerar el área como una «zona de combate peligroso», según expresó el portavoz en árabe del Ejército, Avichay Adraee.

El pedido de evacuación al norte de la Franja viene tan solo horas después de que los ataques de las fuerzas israelíes dejaran al menos una veintena de muertos en la zona.

Se estima que 12 palestinos murieron y 30 resultaron heridos en un bombardeo contra una escuela en el campamento de refugiados de Al Shati, al oeste de la Ciudad de Gaza, como parte de una ofensiva que Israel hoy extendió hasta la ciudad de Beit Lahia.

Además, al menos ocho gazatíes murieron esta madrugada en zonas residenciales del norte de la Franja, tres de ellos después del ataque con un dron contra un mercado, y otros cinco en el bombardeo de una casaperteneciente a la familia Al Asi, según informaron fuentes locales.

El portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal, indicó este jueves que al menos 27 personas murieron en bombardeos israelíes en todo el territorio desde el amanecer.

Deportación por «simpatía»

El Parlamento israelí (o Knéset) aprobó en la madrugada del jueves una ley, impulsada por la ultraderechista Otzma Yehudit, que permite que el Gobierno deporte familiares de «terroristas» convictos a la Franja de Gaza.

El texto permite a las autoridades israelíes expulsar a familiares de los condenados por terrorismo, en caso de no informar a las autoridades, dar su apoyo expreso a su actividad, o mostrar simpatia con un acto de terrorismo, según recuenta el diario The Times of Israel.

El Ministerio del Interior tendrá un período de 14 días para decidir sobre la expulsión, después de convocar a una audiencia en la que el familiar tendrá derecho a presentar una defensa.