La CGT realizará el miércoles próximo una movilización a Tribunales contra la reforma laboral y al día siguiente le pondrá fecha a un paro general para protestar contra la reforma laboral de Javier Milei.

Lo resolvieron unos 50 dirigentes gremiales que deliberaron esta tarde en la sede de la UOCRA, en avenida Belgrano al 1800, en un clima de enorme malestar por el contenido de la reforma laboral del Gobierno, al que calificaron de “inconstitucional” y “violatorio de los derechos de los trabajadores”.

Del encuentro participaron los abogados de la CGT, con quienes se analizaron las presentaciones judiciales que se harán para tratar de frenar algunas de las medidas anunciadas. La marcha del miércoles, precisamente, será hacia Tribunales para que los sindicalistas, acompañados por delegados, presenten ante la Justicia la impugnación cegetista contra la reforma laboral.

De todas formas, se decidió profundizar los contactos con diputados y senadores opositores para bloquear el DNU en el Congreso y lograr que el Gobierno acepte tratar “ley por ley” para impedir que sus modificaciones se apliquen por decreto. Este mediodía, una delegación de la CGT estuvo reunida con el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria para consensuar esta estrategia.

La CGT estaba convencida de que sus charlas secretas con el ministro del Interior, Guillermo Francos, habían logrado desactivar los aspectos de la reforma laboral que amenazaban su poder. No fue así. Si bien la presión cegetista habría logrado que saliera de la reforma el impulso a la negociación de convenios por empresa, que hubiera sido la peor amenaza al viejo modelo sindical, en el DNU se impulsa una dura limitación del derecho de huelga en servicios considerados esenciales, donde se incluyó a la educación y el transporte como parte de un extenso listado de actividades a las que se les exigirá garantizar un 75% o un 50% de los servicios mínimos para no afectar a los usuarios.

Aunque los sindicalistas creían que lo habían desactivado, Milei mantuvo en el capítulo laboral del DNU una medida que pondrá en jaque a las cuotas solidarias, esa herramienta de recaudación adicional para los sindicatos mediante cláusulas en los convenios que fijan descuentos compulsivos a todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados a la organización gremial.

En la reforma Milei se autorizan “sólo si existe un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”. Pero la clave de esa “caja” sindical, creada en los años noventa para compensar la caída en la afiliación por los cambios económicos de Carlos Menem, es justamente que se les descuente a todos los trabajadores de la actividad sin necesidad de que deban dar su consentimiento explícito.

En la reunión de la UOCRA estuvieron los cotitulares de la CGT, Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), además de Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Romero (UDA), Jorge Sola (Seguro), Julio Piumato (judiciales), Mario Manrique (SMATA), Rodolfo Daer (alimentación), Sergio Palazzo (bancarios), Abel Furlán (UOM), Amadeo Genta (municipales porteños), Daniel Vila (Carga y Descarga), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Carlos Frigerio (cerveceros), Omar Maturano (La Fraternidad, Juan Pablo Brey (aeronavegantes) y Mario Calegari (UTA), entre otros.