La Corte evalúa crear un adicional por conectividad para empleados judiciales

La Corte de Justicia de San Juan comenzó a analizar el pedido presentado por la Unión Judicial para crear un adicional salarial por conectividad destinado a los trabajadores del Poder Judicial. La iniciativa busca reconocer los gastos que afrontan los empleados por el uso de internet, telefonía móvil y dispositivos personales vinculados a sus tareas laborales.

El presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, confirmó que la solicitud fue recibida formalmente y que actualmente se encuentra en etapa de evaluación técnica y financiera.

“Ha ingresado un pedido expreso del gremio con su correspondiente fundamentación y ya se le informó al secretario general que está siendo analizado”, señaló el magistrado durante una entrevista radial.

La propuesta impulsada por la organización sindical contempla la creación de un nuevo ítem salarial remunerativo de $100.000, con actualizaciones periódicas vinculadas a la evolución de los costos de conectividad. El planteo toma como antecedente el adicional que perciben los docentes sanjuaninos desde la pandemia.

Olivares Yapur explicó que la definición no puede adoptarse de manera inmediata debido a que implica modificar la estructura salarial vigente dentro del Poder Judicial.

“La incorporación de un nuevo concepto requiere estudios de impacto económico y financiero, además de analizar la viabilidad administrativa de sumar un nuevo ítem a la escala salarial”, indicó.

Desde la Unión Judicial sostienen que los cambios tecnológicos implementados en los últimos años transformaron la dinámica de trabajo y trasladaron parte de los costos operativos a los propios trabajadores. Entre los argumentos presentados figuran la digitalización de expedientes, la utilización de plataformas virtuales y la necesidad de mantener disponibilidad permanente para responder consultas o requerimientos fuera del horario habitual.

Según el gremio, muchos empleados continúan realizando tareas durante fines de semana, feriados o fuera de la jornada laboral mediante conexiones de internet y teléfonos particulares, sin recibir actualmente una compensación específica por esos gastos.

Mientras avanza el análisis técnico, la propuesta permanece bajo estudio de la Corte, que deberá determinar su factibilidad económica y administrativa antes de adoptar una decisión.