La Defensoría del Pueblo presentó un amparo por 22 sanjuaninos que perdieron su pensión por discapacidad

La Justicia Federal decidió enviar a Catamarca la causa iniciada por la Defensoría del Pueblo de San Juan, que reclama la restitución de pensiones por discapacidad suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Con esta decisión, los 22 sanjuaninos afectados deberán esperar para que se defina si se les restituye el beneficio.

El 22 de septiembre, la defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza, presentó una demanda en la que solicitó la nulidad de las suspensiones de la “pensión no contributiva por invalidez laboral”, además de pedir que se revisen los procedimientos de auditoría aplicados por el Gobierno Nacional. En la misma presentación, solicitó una medida cautelar para que, mientras se tramitara el expediente, se restablecieran los pagos a los beneficiarios.

Sin embargo, el juez federal Leopoldo Rago Gallo rechazó el pedido y dispuso el traslado de la causa al Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca, donde ya tramita un proceso colectivo nacional sobre las mismas pensiones. El magistrado argumentó que existe “conexidad entre las causas y riesgo de dictarse sentencias contradictorias”, por lo que correspondía unificar los expedientes.

La decisión implica que los 22 sanjuaninos incluidos en el reclamo deberán esperar a que la Justicia catamarqueña se pronuncie, aunque en esa provincia ya hubo fallos favorables, incluyendo la restitución temporal de beneficios a los damnificados.

Entre los casos presentados por la Defensoría figuran los de Luis Rubén Flores y Juan Marina Yañez, quienes denunciaron que sus pensiones fueron dadas de baja sin haber sido debidamente notificados o evaluados. Ambos dejaron de percibir sus haberes desde agosto y aseguran haber presentado toda la documentación médica que acredita su discapacidad.

La defensora Peñaloza, junto a las abogadas María Macarena Álvarez, María Fernanda Baliña y Laura Fabiana Oro, sostuvo que el proceso impulsado por ANDIS presenta serias irregularidades y vulnera el derecho de las personas con discapacidad al debido proceso.

A nivel nacional, el conflicto por las bajas de pensiones por invalidez generó reclamos en varias provincias, como La Rioja, Tucumán y Catamarca. En algunos distritos, la Justicia ordenó la restitución de más de 15 mil beneficios, como ocurrió recientemente en Formosa, donde el fallo otorgó a los beneficiarios tres meses para presentar su documentación ante ANDIS.

Con el traslado del expediente, la resolución para los sanjuaninos queda en suspenso, aunque hay expectativa de que la Justicia de Catamarca, que ya dictó una medida cautelar favorable en un caso similar, adopte el mismo criterio.