La Policía de Brasil acusó a Jair Bolsonaro de planear el intento de golpe de Estado que incluía el asesinato de Lula
Un informe desclasificado reveló detalles de un presunto plan del expresidente para impedir la asunción del actual mandatario. «Tenía pleno conocimiento de plan operacional», denunciaron.
La Policía imputó a Jair Bolsonaro y a 36 personas por el intento de golpe de Estado
La semana pasada, la Policía imputó a Bolsonaro y a otras 36 personas por promover un intento de golpe de Estado para perpetuarse en el cargo pese a su derrota electoral en las elecciones presidenciales de 2022.
Entre los 37 acusados figuran también jefes activos y de la reserva, exministros, personas del entorno militar cercano de Bolsonaro y hasta Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), que lidera el exgobernante.
Los planes de magnicidio eran denominados internamente por los propios golpistas como «Operación Puñal Verde Amarillo», en alusión a los colores de la bandera brasileña. Y según consta en el informe, fueron impresos en la sede del palacio de la Presidencia.
Respecto del plan, el informe dice que “el día 9 de noviembre de 2022, tras elaborar e imprimir el documento” en el Palacio presidencial, el general Mario Fernandes, uno de los implicados, se dirigió a la residencia oficial de la Presidencia, donde estaba Bolsonaro. Sin embargo, no precisa si el entonces mandatario lo recibió.
Entre los acusados aparece también Walter Braga Netto, general del Ejercito de Brasil y exjefe de Gabinete de la Presidencia y otrora ministro de Defensa, quien fuera candidato a vicepresidente en 2022, en la fórmula con Bolsonaro.
También figuran Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina, y los generales retirados Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, quienes formaron parte del gabinete de Bolsonaro, quien negó todas las acusaciones y se declaró víctima de una “persecución política”.
Detuvieron a cuatro militares acusados de querer envenenar a Lula para efectuar un golpe de Estado
En el marco de la misma causa, mientras se llevaba a cabo el último día de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, la policía brasileña detuvo a cuatro importantes militares, uno de ellos excolaborador del expresidente Jair Bolsonaro, involucrados en el supuesto plan para matar en 2022 a Lula.
Los detenidos son el general de brigada de reserva Mário Fernandes, entonces jefe sustituto de la Secretaría General de la Presidencia con Bolsonaro, los tenientes coroneles Helio Ferreira Lima, Rodrigo Bezerra Azevedo y Rafael Martins de Oliveira y el policía federal Wladimir Matos Soares.
Los cuatro militares forman parte de los llamados «kids pretos», como se conoce a las fuerzas especiales del Ejército brasileño. Según informaron, pretendían usar «técnicas operacionales militares avanzadas» para el «golpe», además de instituir un «gabinete de crisis» que ellos mismos y otros superiores integrarían.
Ahora, los sospechosos podrían enfrentar los cargos de abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado y asociación criminal.
Argentina pidió la detención de 61 bolsonaristas, prófugos en el país, por el intento de Golpe
En paralelo, a nivel local, la justicia argentina hizo lugar a un pedido de la justicia brasileña y solicitó a Interpol la detención de 61 bolsonaristas prófugos de la justicia brasileña, tras haber participado de un alzamiento contra diversas dependencias gubernamentales del país vecino en enero de 2023.
Todos los implicados están condenados o procesados por el asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo, ocurrido el 8 de enero de 2023, en el inicio del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien había derrotado al entonces mandatario Jair Bolsonaro en las elecciones.
Esta solicitud se produce a pocos días del primer encuentro entre el presidente Javier Milei y su homólogo brasileño en la cumbre del G20, que se llevará a cabo la semana venidera en Río de Janeiro.
Un mes atrás el Tribunal Supremo de Brasil pidió a la Argentina la extradición de los prófugos y este viernes el juez federal Daniel Rafecas pidió las detenciones, tras haber recibido el expediente desde la Cancillería en Buenos Aires.
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