La querella pidió la pena máxima para los acusados por el hundimiento del ARA San Juan que produjo la muerte de los 44 tripulantes, entre ellos habían tres sanjuaninos

Durante la primera jornada de alegatos de las querellas unificadas, las abogadas Lorena Arias y Valeria Carreras solicitaron al Tribunal Oral Federal de Santa Cruz la pena máxima para los cuatro exjefes navales imputados en la causa. Según sostuvieron, el hundimiento no fue consecuencia de un hecho aislado, sino del resultado de una serie de decisiones, omisiones y fallas acumuladas dentro de la estructura de mando de la Armada Argentina.

“Este juicio trata sobre una estructura de mando que continuó operando un buque degradado. Trata de quienes debían evitar ese riesgo y no lo hicieron”, expresó Arias al comenzar su exposición ante los magistrados. La audiencia se desarrolló en Río Gallegos y formó parte de la etapa final del proceso que busca determinar responsabilidades penales por una de las mayores tragedias navales de la historia argentina.

Las representantes de los familiares coincidieron en gran parte con la postura presentada por la fiscalía, que también pidió condenas para los acusados, aunque desarrollaron una reconstrucción propia de los hechos y del contexto operativo en el que se encontraba el submarino antes de su desaparición.

Al concluir los alegatos, la querella solicitó cinco años de prisión efectiva, diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de costas para el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, el ex capitán de navío Claudio Villamide, el capitán de navío retirado Héctor Alonso y el capitán de fragata retirado Hugo Correa.

De acuerdo con la acusación, los cuatro imputados incurrieron en abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de personas, siendo este último delito el que contempla la mayor escala penal. Durante su exposición, Arias sostuvo que el ARA San Juan atravesaba un proceso progresivo de deterioro técnico que era conocido por las autoridades responsables de su operatividad.

“El ARA San Juan no se perdió por un único evento súbito o imprevisible. Este debate acreditó que existió una degradación progresiva del material, una flexibilización de los controles y una normalización institucional del riesgo”, afirmó. La letrada recordó además que el submarino permaneció 44 meses sin ingresar a dique seco para realizar tareas de mantenimiento mayor y cuestionó la decisión de mantenerlo operativo pese a las advertencias técnicas existentes.

“La prueba producida mostró algo más profundo que una suma de errores aislados: la decisión institucional de mantener operativo al único submarino disponible aun cuando las advertencias técnicas se acumulaban. Adiestrados estaban, alistados no”, manifestó. En otro tramo de su alegato, resumió la postura de la querella con una frase que marcó la audiencia: “No fue el mar el que los hundió, fue la distancia entre lo que los reglamentos exigían y lo que efectivamente se hizo”.

Uno de los puntos centrales del debate sigue siendo qué ocurrió a bordo durante las últimas horas del submarino. Sin embargo, para la querella, la imposibilidad de reconstruir exactamente los momentos finales no modifica las responsabilidades previas. “La defensa intentará decir que no se pudo probar qué pasó en el último momento. Eso es jurídicamente irrelevante. Basta con saber que la suma de fallas acumuladas hacía al resultado objetivamente previsible”, sostuvo Arias.

La causa continuará con la exposición de las restantes querellas y defensas antes de que el tribunal avance hacia la etapa de sentencia. Mientras tanto, familiares de las víctimas, incluidos los de los sanjuaninos Cayetano Vargas, Renzo Silva y Ricardo Alfaro, mantienen vigente el reclamo para que se determinen las responsabilidades por el hundimiento que conmocionó al país.

Fuente: ÀMBITO

Por: G. Herrera