La Rioja frena por 30 días el acceso al proyecto Vicuña por falta de aval ambiental

La Justicia ordenó suspender las obras del camino en territorio riojano tras constatar que la empresa no presentó el estudio de impacto ambiental exigido por la provincia.

La Justicia de La Rioja dispuso la suspensión por 30 días de las obras vinculadas al camino de acceso al proyecto minero Vicuña, al considerar que la empresa responsable no cumplió con la presentación del estudio de impacto ambiental requerido en jurisdicción riojana.

La medida fue dictada por la jueza María Greta Decker en el expediente “Estado Provincial c/ Vicuña S.A.”, a través de una acción autosatisfactiva impulsada por el Gobierno provincial. El fallo ordena paralizar específicamente las tareas sobre el tramo del camino que atraviesa territorio de La Rioja.

De acuerdo con la resolución, la compañía no respondió de forma adecuada a reiterados requerimientos administrativos vinculados a la evaluación ambiental, lo que motivó la intervención judicial y la adopción de una medida preventiva.

El secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, explicó que la decisión se sustenta en la falta de cumplimiento por parte de la empresa. Señaló además que el proyecto —resultado de la integración de Josemaría con otras iniciativas en San Juan— representa una de las mayores inversiones mineras del país, pero advirtió que no cuenta con el estudio ambiental correspondiente en la provincia.

El funcionario también subrayó la cercanía del emprendimiento con el límite interprovincial y remarcó que los impactos ambientales no se restringen a una sola jurisdicción, por lo que La Rioja exige su evaluación formal.

Desde el entorno del sector minero aclararon que la medida no afecta al desarrollo integral del proyecto, ubicado en San Juan, sino únicamente al acceso que cruza territorio riojano. En ese sentido, indicaron que la resolución tiene un alcance acotado y no implica la paralización total de la iniciativa.

Hasta el momento, la empresa no habría sido notificada formalmente. La decisión judicial reaviva la tensión entre ambas provincias en torno a los controles ambientales y la regulación de obras en zonas limítrofes.

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