La Secretaría de Comercio derogó tres normas que promovían el control a las empresas

El Gobierno derogó tres resoluciones más vinculadas al control de precios, abastecimiento y/o requerimientos de información o de cumplimiento.

Según la Secretaría de Comercio encabezado por Pablo Lavigne y que depende del Ministerio de Economía, el objetivo es la «desburocratización y simplificación» además de aducir que esa información que se solicitaba «no se utilizaba para ningún fin razonable, no tenían utilidad para el desarrollo de políticas públicas y significaban un costo adicional de recursos para las empresas». La medida fue oficializada a través de Boletín Oficial, en la Resolución 226/2024.

Control de las empresas: qué normas se eliminaron y por qué motivos

Resolución N°65 de 1990: establecía la necesidad de establecer obligaciones vinculadas a un régimen informativo sobre clientes, ventas realizadas y detalles de producción. «Tales lineamientos de control de precios y/o abastecimiento, son contrarios a las medidas propiciadas por la actual administración nacional que tiene como objetivo la libertad de los actores intervinientes en las relaciones de consumo del mercado interno».

Resolución N° 62 de 2013: indicaba que los proveedores de materiales para la construcción que pretendían canjear los CEDIN originados en la Ley 26.860 debían inscribirse en un Registro de Proveedores de Materiales para la Construcción. «Esta medida resulta ineficaz e innecesaria en relación al actual contexto de las transacciones comerciales.»

Resolución N° 176 de 2014: fue emitida con el objetivo de asegurar que las prestadoras de servicios de comunicaciones móviles informen mensualmente sobre la totalidad de los planes ofrecidos. «Tal medida aborda aspectos relacionados con la regulación y supervisión de servicios de comunicación, las cuales son atribuciones exclusivas de la correspondiente autoridad de aplicación de la materia. Por lo tanto, no corresponde al ámbito de la Secretaría de Comercio impulsar políticas de control de precios de planes servicios de comunicaciones móviles».

Estas medidas, para la Secretaría «impulsaban un rol estatal intervencionista». «La eliminación de estas resoluciones reduce la burocracia estatal y simplifica los vínculos entre las empresas y la administración pública. Elimina también el control abusivo por parte del Estado de las decisiones comerciales de cada empresa. Las tres resoluciones derogadas se suman a las 69 normas eliminadas por el Gobierno que obstaculizaban las relaciones entre las empresas y el Estado», explicaron.

Fuente: Ámbito

Rivero. C