La toma de conciencia como medida de prevención social

Ley Fernando, para prevenir la violencia entre los jóvenes

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Prevenir la violencia como política pública se presenta estos días como una necesidad imperiosa para dar respuesta desde el Estado, ante el impacto social provocado por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Y amplificado por el juicio que expone –aunque tres años después de lo ocurrido–, la magnitud del homicidio que escala desde la esfera cotidiana estival de “juventud, playa y boliche”, a la dimensión sociológica. Esto coloca en el primer plano de la agenda mediática, las categorías de odio, clase y discriminación racial que reviste el homicidio. Así lo considera Carmela Moreau, asesora de gobierno, quien desde el momento en que se conoció el asesinato se acercó a la familia de Fernando, y hoy impulsa el “Plan nacional Fernando Báez Sosa”, como proyecto de ley. Podría tratarse en el Congreso si se valida la petición de sumarlo a los 27 puntos que requieren de las sesiones extraordinarias que se inician el 23 de enero.

Se busca “contener la violencia y dar herramientas” a quienes trabajan con juventudes e infancias, para que puedan dar respuestas ante situaciones de violencia en ámbitos como los clubes o asociaciones deportivas. Tal es el objetivo de este plan nacional de prevención, ya conocido también como Ley Fernando.

“Así como se simplificó en el nombre de Ley Micaela la capacitación en género desde el Estado, en Ley Fernando se resumen acciones pensadas para prevenir la violencia en instituciones deportivas y asociaciones que trabajan con jóvenes en todo el país”, detalla Moreau a Página/12. Si el proyecto se trata en extraordianrias será presentado por su hermana Cecilia, legisladora nacional y actual Presidenta de la Cámara baja.

El crimen perpetrado por una patota de jóvenes rugbiers, practicantes del Náutico Arsenal de la localidad bonaerense de Zárate al momento del homicidio, es el foco donde convergen hoy, a instancias del juicio que sigue el Tribunal Oral del Crimen N° 1 de Dolores, todas las miradas. Y el Plan Nacional Fernando busca “impulsar medidas que impidan que este tipo de hechos vuelvan a ocurrir” señala Carmela Moreau.

Su relación con la familia Báez Sosa quedó expresada el 19 de febrero de 2020, a un mes del homicidio, cuando se realizó el primer gran acto en reclamo de justicia, en CABA, frente a la Plaza del Congreso. “Fui acompañar a los padres en ese momento. Y le di seguimiento al caso porque me impactó –refiere–, y al otro día le escribí una carta al Presidente y otra al ministro de Turismo y Deportes, con la necesidad de trabajar en el mundo del deporte en la prevención ante todo tipo de violencia y discriminaciones”.

“Buscamos elaborar protocolos de actuación –detalla–, porque muchas veces en los clubes quienes toman responsabilidades de entrenamiento de los más pequeños son familiares, o ex jugadores, y es entendible que no tengan las herramientas necesarias para resolver un tema cuando surgen casos de violencia, o cuando un chico viene y plantea que suceden este tipo de episodios en las casas”. Capacitar en estos temas permite que los adultos tengan a quien recurrir, y ante casos como éste “las respuestas las pueda dar el Estado” argumenta.

En este caso se trabaja sobre cuestiones de “género, xenofobia, discriminación étnica o religiosa, y todo tipo de discriminación”, resume Moreau. Su referencia es el crimen ocurrido en Villa Gesell, que entre sus connotaciones –expuestas en la ferocidad con la que los ocho imputados dieron muerte a otro joven, a golpes–, conjuga conflictos de género, clase y odio. Por eso quienes practican deportes como el rugby se ubican entre los destinatarios de este tipo de programas.

“Siempre, desde que sucedió, tengo la intención de no estigmatizar al rubgy, porque el fútbol es un deporte sumamente violento. No entre los jugadores, pero sí en la comunidad futbolística. También se da en clubes de barrio que cuando empiezan a incorporar mujeres o diversidades, no tienen siquiera un baño para que puedan utilizar. Sin duda la incorporación de las mujeres en el deporte plantea cantidad de situaciones traumáticas porque esa llegada no está incorporadas al sentido común”, razona. Esto genera discriminación y hostilidades. “Ni hablar de las discapacidades” apunta. Por eso sostiene la necesidad de capacitar a quienes forman a los jóvenes.

Las fallas del sistema

En lo que expone el caso de Fernando “se ven distintas fallas, pero hacemos hincapié en que cuando hay un conflicto en un boliche las empresas tienden a sacarse el conflicto de encima” repasa. “Eso pasó con Fernando y sigue pasando en tantos otros casos: en vez de llamar a la policía o las fuerzas de seguridad para que puedan hacerse cargo del problema, lo trasladan afuera del boliche y la agresión termina desarrollándose en la calle, con resoluciones desgraciadas como en este caso”.

El accionar de las fuerzas policiales, sin embargo, no representa garantías de seguridad. La funcionaria lo admite y agrega: “Acá intervienen, y a los dos minutos se van. Ni siquiera los retienen (a los agresores) para hacer un acta”. Por eso hay insiste en la importancia de trabajar en la prevención. Y diferencia la propuesta de otras en curso.

De hecho, una veintena de proyectos han comenzado a diseñarse desde que se conoció el crimen. Entre ellos, los propuestos por la abogada Valeria Carreras: uno busca evitar la violencia en los deportes de contacto como el rugby, para cambiar el estereotipo del rugbier. La otra iniciativa, llamada “Protocolo Fernandos”, procura cambios en la seguridad de los locales bailables. Otros piden aplicar más sanciones, como la opción de ‘Puño limpio’ –para el boxeo y el judo– al deportista que protagonice hechos violentos. “No creo en el punitivismo porque ninguna pena o condena va a devolvernos a la persona que perdimos –advierte Moreau–, por eso pongo el esfuerzo en las políticas preventivas”.

La asesora, quien lidera un partido propio –Igualar–, habla de pensar en los grandes ámbitos de socialización. “Así como en las escuelas incorporamos la ESI, y en el Estado la Ley Micaela; para disminuir las escenas violentas, un gran espacio de trabajo es el deporte –afirma–. Hay que incorporar mecanismos de capacitación y concientización para erradicar conductas violentas desde un lugar como el deporte, que es sumamente formativo para el ser humano desde lo psicofísico”.

Entre las medidas previstas se establece la necesidad de contar con “una línea de teléfono para las denuncias, con capacidad para acompañar y dar las primeras respuestas frente a los distintos temas que presentan estas características”, señala. En tanto el Ministerio de Turismo y Deportes sería la autoridad de aplicación porque se especifica que aquellas instituciones que no brinden capacitaciones, no recibirían los incentivos de la agencia de deportes que financia obras y proyectos desde el Estado nacional. Además, se contempla contar con un consejo asesor donde participen áreas como Educación, Genero y Diversidades, el Inadi y Sedronar.

La prevención como herramienta de contención social

Lo que pasa con este crimen “es sintomático” define Moreau. “Es un llamado de atención y sirve para entender por qué es necesaria la reforma judicial en nuestro país. Un caso con tantas pruebas que recién tres años después del hecho llega al juicio, es un llamado de atención –puntualiza–, y este es relativamente rápido”, ironiza.

Referirse a la reforma judicial no es menor. “Sirve para marcar su importancia en estos temas, si no queda como una necesidad de la clase política, y no es así”. Habla de cómo el sistema de justicia impacta directamente en el desenvolvimiento ciudadano, ya sea desde el tiempo en que se tramita un juicio, a las posibilidades de acceso a la justicia. En torno a esto refuerza: “Escuché a Valeria Carreras decir que los acusados tienen una defensa gratuita del Estado, pero no las víctimas. ¡Es real! Cuántas familias no solo pierden un hijo, sino que deben afrontar el alto costo de un juicio. Es más difícil para la víctima tener el patrocinio jurídico del Estado que para los acusados. Es tremendo eso”.

Y concluye en que los agresores “habían protagonizado muchas situaciones violentas con anterioridad” pero “ni sus familias, ni su club, los habían sancionado ni llamado a la reflexión”. Por eso busca que este proyecto pueda detener la violencia que proviene del deporte, con capacitación para las asociaciones deportivas y clubes que incluyan a deportistas, profesores, técnicos y directivos. Y donde “se prevé establecer protocolos y procedimientos de actuación ante determinados hechos de violencia o discriminación”.

FUENTE: PAGINA12

OPERADOR: ANA PAULA CARRASCO

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