La trama de los DNI falsos: cuatro víctimas, préstamos millonarios y una red que operaba desde el Registro Civil

La investigación por la denominada “banda de los DNI falsos” reveló una compleja maniobra de usurpación de identidad que dejó a cuatro víctimas con deudas millonarias, embargos judiciales y severas restricciones financieras. Según la acusación fiscal, la organización logró obtener préstamos y realizar compras por más de 80 millones de pesos utilizando documentos adulterados gestionados desde el Registro Civil de Pocito.

Este jueves, a las 11.30, se desarrollará una nueva audiencia clave en la Justicia Federal para determinar qué imputados aceptarán condenas mediante juicios abreviados y quiénes continuarán camino al debate oral.

Uno de los casos más graves es el de Diego Pedro Brady, quien descubrió que habían solicitado créditos por más de 35 millones de pesos utilizando un DNI emitido con sus datos personales, pero con la fotografía y las huellas digitales de otra persona. La situación le provocó inhibiciones crediticias, embargos y la paralización de la construcción de su vivienda.

Bruno Arrighi atravesó un escenario similar. A su nombre aparecieron deudas por 12,8 millones de pesos, mientras que la adulteración de su documento le impidió inscribirse como monotributista y hasta generó inconvenientes en el padrón electoral.

Fernando Lombardo también fue víctima de la maniobra y debió realizar múltiples trámites ante el Renaper, Defensa al Consumidor y entidades crediticias para demostrar que no había solicitado préstamos por 20,2 millones de pesos. Diego Hipólito, en tanto, enfrentó intimaciones de pago y causas judiciales por obligaciones que superaban los 12 millones.

La investigación sostiene que la organización utilizaba documentos válidamente emitidos gracias a la intervención de Natalia Castillo, entonces encargada del Registro Civil de Pocito. Según la acusación, la exfuncionaria facilitaba la carga de datos biométricos falsos y coordinaba horarios para evitar controles internos.

De acuerdo con la fiscalía, Marcos Esteban Vallejo, Matías Martín Martínez Villalba, Marcelo Omar Cardozo y Rodrigo Javier Navarro Pozo fueron quienes utilizaron los DNI adulterados para solicitar créditos bancarios y adquirir electrodomésticos, celulares, televisores y otros productos a nombre de las víctimas.

El fiscal federal Fernando Alcaraz solicitó condenas para todos los implicados y reclamó además una reparación económica para los damnificados. Según el cálculo oficial incorporado al expediente, la deuda total actualizada asciende a 142.686.275 pesos, producto de intereses y cargos acumulados sobre un capital inicial de 80,4 millones.

El reclamo por las indemnizaciones fue precisamente el punto que trabó los acuerdos de juicio abreviado. Castillo había aceptado una pena de 4 años y 8 meses de prisión, mientras que Martínez Villalba y Cardozo habían acordado condenas de 3 años y 10 meses de prisión domiciliaria. Navarro Pozo, por su parte, buscaba una pena de 3 años en suspenso.

Sin embargo, las defensas rechazaron las condiciones vinculadas a la reparación económica y el juez federal Ignacio Pérez Curci entendió que no existía un acuerdo pleno entre las partes, motivo por el cual convocó a una nueva audiencia.

La acusación describe a Rolando Javier Navarro Saide como líder de la organización. Según los investigadores, era quien obtenía información personal de potenciales víctimas mediante registros oficiales, padrones y bases de datos, además de coordinar el funcionamiento de la banda y distribuir las ganancias.

En los teléfonos secuestrados durante la investigación aparecieron mensajes y audios comprometedores. En uno de ellos, Navarro Saide le ordenaba a uno de sus socios aprovechar los créditos obtenidos: “Si te dan el DNI, sacate un aire y un tele”.

También surgieron conversaciones de Natalia Castillo reclamando una mayor participación en las ganancias por el riesgo que asumía dentro del Registro Civil. “Ustedes se benefician y yo sigo igual y la que se arriesga soy yo”, escribió en uno de los mensajes incorporados a la causa.

Además de las cuatro maniobras concretadas, la Justicia detectó otros 19 intentos de emisión de DNI adulterados que no llegaron a concretarse gracias a alertas biométricas activadas por el Renaper.

La causa también incluye a otros imputados señalados por aportar fotografías y huellas digitales para la confección de documentos falsos. Mientras tanto, la Justicia busca determinar el alcance total de una organización que habría operado durante meses utilizando identidades ajenas para cometer estafas financieras en distintas entidades del país.

Op: Juan Llarena