La actividad se extenderá entre las 8 de la mañana y la medianoche. Según indicó la universidad, el reclamo apunta a que la Justicia haga cumplir la ley y a que el Gobierno acate los fallos dictados en la causa.
Entre las propuestas, habrá atención gratuita a la comunidad en especialidades como odontología, óptica, veterinaria y clínica médica, además de asesoramiento jurídico y contable y orientación psicológica.
En paralelo, los 13 decanos de las distintas facultades dictarán clases magistrales abiertas al público.
También se montarán instalaciones para exhibir proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico, entre ellos un auto de carrera diseñado y construido íntegramente por estudiantes y docentes de la casa de estudios.
Con esta propuesta, la UBA busca poner en valor “el valor tangible y concreto del presupuesto universitario en la salud pública, el desarrollo científico y la formación académica pública y de excelencia”. Durante la jornada, las distintas facultades permanecerán abiertas, dictando clases de manera habitual.
El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario
La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue sancionada en 2025 después de que el Congreso, con mayorías en ambas cámaras, rechazara el veto que había impulsado el Ejecutivo. Sin embargo, el Gobierno promulgó la norma a través del Decreto 759/2025, que suspendió su aplicación efectiva hasta que el Congreso definiera las fuentes específicas de financiamiento, algo que las universidades consideraron un intento de vaciar la ley de contenido.
Ante ese escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un amparo y, en diciembre de 2025, el juez federal Martín Cormick hizo lugar a una medida cautelar que ordenó al Ejecutivo aplicar la ley y actualizar salarios y becas. El Gobierno apeló esa decisión en varias instancias e incluso anunció un proyecto propio para modificar la norma, pero la Justicia confirmó sucesivamente el fallo original.
El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario presentado por el Estado y dejó firme la cautelar, en un fallo firmado por los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, celebró entonces la resolución: “Fue un camino largo y difícil. Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”.
Pese a ese antecedente, el conflicto continuó. El 1° de septiembre de 2026, el mismo juez Cormick hizo lugar a una nueva cautelar, esta vez en una causa específica de la UBA, y ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar “de forma inmediata” las partidas previstas en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la ley, destinadas a gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación. En su resolución, el magistrado remarcó que el impacto fiscal de la norma equivale a apenas un 0,23% del PBI.
En ese contexto de reclamos judiciales reiterados y todavía sin una resolución definitiva en la práctica, se enmarca la jornada de visibilización que la UBA llevará adelante este martes en Plaza de Mayo.
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