La UNSJ valoró el acuerdo salarial, pero advirtió que persisten las restricciones presupuestarias

El reciente acuerdo paritario alcanzado entre el Gobierno nacional y los gremios universitarios abrió una etapa de mayor estabilidad en las universidades públicas del país. En la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el entendimiento fue recibido como una medida que contribuye a desactivar el conflicto salarial, aunque las autoridades advirtieron que la situación financiera de la institución continúa siendo compleja.

Así lo expresó el secretario Administrativo y Financiero de la UNSJ, Ricardo Coca, quien consideró que el acuerdo logrado entre las partes “descomprime el conflicto”, aunque aclaró que la solución definitiva sigue estando ligada al cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario.

Según explicó el funcionario, el reclamo judicial impulsado por el Gobierno nacional en torno a la norma permitió ganar tiempo en la negociación y facilitó el avance de un acuerdo que brinda cierta previsibilidad al sistema universitario. Sin embargo, sostuvo que las mejoras alcanzadas representan solo una parte de lo contemplado en la legislación vigente.

Coca destacó además algunos aspectos políticos del entendimiento, entre ellos la eliminación de una cláusula que condicionaba el levantamiento de medidas judiciales impulsadas por el sistema universitario. También valoró el compromiso asumido para convocar a reuniones paritarias con una frecuencia máxima de tres meses.

En materia salarial, el acuerdo contempla una recomposición en dos etapas que impactará en los haberes docentes y no docentes. Aunque reconoció que los incrementos resultan insuficientes frente al contexto económico, señaló que representan una mejora respecto a los salarios que venían registrando un fuerte deterioro.

Respecto a los gastos de funcionamiento, la UNSJ recibirá una actualización del 20% en las partidas destinadas al sostenimiento de sus actividades. No obstante, Coca consideró que el aumento continúa siendo limitado frente a las necesidades de una institución del tamaño de la universidad y al fuerte incremento registrado en los costos de servicios esenciales, especialmente la energía eléctrica.

El funcionario explicó que cerca del 30% del presupuesto operativo de la casa de estudios se destina al pago de energía, un gasto que ha tenido un fuerte impacto en las finanzas universitarias durante el último año.

En cuanto a las perspectivas para los próximos meses, señaló que las restricciones económicas seguirán condicionando las inversiones de largo plazo y los proyectos de expansión edilicia. En ese marco, las prioridades estarán centradas en el mantenimiento de la infraestructura existente y en la continuidad de obras ya iniciadas.

A pesar de ese escenario, Coca aseguró que la universidad ha logrado implementar medidas de ahorro que permitirán avanzar con algunos proyectos, entre ellos la construcción de la Escuela de Música y otras obras menores previstas para este año.

Finalmente, llevó tranquilidad a la comunidad universitaria al remarcar que las dificultades presupuestarias no afectarán el normal desarrollo de las carreras ni el dictado de clases, ya que la institución continuará priorizando los recursos destinados a las actividades académicas.

Op: Juan Llarena