Lacalle Pou no se anima a los cambios estructurales y el crecimiento de Uruguay se ralentiza

El Gobierno de Luis Lacalle Pou no logró llevar a cabo un verdadero rumbo reformista para la economía uruguaya. Pese a que el oficialismo sí logró asentar reformas sustanciales desde el punto de vista impositivo y previsional, el avance en materia de desestatización y apertura comercial fue más bien lento y en algunos casos prácticamente nulo.

Sin lugar a dudas el logro más importante del Gobierno fue la aprobación de la llamada Ley de urgente consideración (LUC), la cual logró ser convalidada por un amplio referéndum llevado a cabo en marzo de 2022, y en el cual la sociedad decidió mantener la vigencia de los 135 artículos que habían sido inicialmente impugnados por la oposición del Frente Amplio.

Este paquete de medidas incluyó la reforma del sistema previsional para garantizar una mayor solvencia de largo plazo, aunque dentro del régimen de reparto estatal. También se incluyeron cláusulas para modernizar la Ley de Inclusión Financiera (LIF), desregulando el pago de salarios en efectivo y flexibilizando las condiciones para las empresas.

En marzo de este año el Gobierno impulsó una reforma tributaria para bajar los impuestos en Uruguay, y entre los puntos más importantes se destacan los siguientes:

• Aumento de la deducción básica del 10% al 14% sobre el Impuesto a las Rentas de Personas Físicas (IRPF)
• Ampliación de la deducción por hijo a cargo�desde los 73.580 pesos anuales hasta los
• 113.200 pesos anuales
• Aumento del crédito fiscal por arrendamientos del 6% al 8%
• Aumento de la deducción impositiva mínima sobre jubilaciones de 45.280 pesos a 50.940 pesos mensuales, todo esto a cuenta del IASS

En tercer lugar, el Gobierno de Lacalle Pou logró contener el crecimiento del tamaño del Estado, que bajó su participación del 33,3% del PBI en marzo de 2020 al 31,3% para fines de 2023.

El déficit primario del Gobierno se había acercado al equilibrio en 2022, pero para 2023 volvió a crecer, y el FMI estima que el resultado financiero finalizará el año en torno a un rojo del 3,2% del PBI.

El estancamiento del sendero reformista de Uruguay es alarmante, especialmente considerando el riesgo por una eventual victoria del Frente Amplio en las próximas elecciones presidenciales.

La administración de Lacalle Pou no logró ningún tipo de avance significativo en materia de privatizaciones, y tampoco se mostró dispuesto a hacerlo. La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) mantiene su dañino monopolio sobre la refinación e importación de hidrocarburos y derivados del petróleo.

Se trata de uno de los monopolios más corrosivos del país, ya que este mercado podría ser fácilmente competitivo en ausencia de subaditividad de costos hundidos, u otras posibles barreras de entrada que para este mercado son relativamente bajas.

Por su parte, la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) sigue monopolizando el abastecimiento de agua potable y saneamiento en todo el país, con la sola expedición de Montevideo. Las deficiencias de esta empresa estatal se manifestaron abiertamente durante la última gran crisis hídrica del país, a partir de la cual se tardó meses en normalizar la situación.

Las dudas alrededor de la continuidad del proceso reformista también pone en jaque al control de la inflación, que por primera vez en décadas logró ser contenida a estándares internacionales. Si bien el Banco Central durante la administración de Lacalle Pou ganó prestigio y reputación, nada garantiza que esto pueda ser deliberadamente interrumpido en una eventual administración del Frente Amplio.

Por: Rodo Galdeano
Fuente: La Derecha Diario