Actualmente, una restricción de este tipo sólo puede ser implementada por decisión de un juez, pero a partir de esta legislación, aplicaría para todas las personas inscriptas en el registro.

Como los tiempos judiciales en este tipo de casos puede extenderse demasiado, se busca dar una herramienta a la Justicia y proponer una estrategia para generar consecuencias a nivel social para los deudores alimentarios.

Incumplimiento de la cuota alimentaria

De acuerdo con datos de 2023, en la Argentina el 68% de los progenitores no convivientes incumple la obligación alimentaria, y solo 1 de cada 4 mujeres separadas recibe la cuota.

Según datos de UNICEF, el 68% de los hogares monoparentales están bajo la línea de pobreza y el 23% bajo la línea de indigencia, es decir que no pueden cumplir con la canasta básica alimentaria.

El incumplimiento de las cuotas alimentarias supone la vulneración del derecho básico a la alimentación de niños, niñas y adolescentes. Recientemente, un fallo judicial ha calificado esto como «una situación de violencia económica por razón de género».

En la Ciudad de Buenos Aires existe, desde 1999, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, establecido por la Ley 269. Esta legislación de avanzada permitió dar a conocer a aquellas personas que no cumplían con la manutención de sus hijos o hijas.

En 2023, fueron inscriptas 162 personas más en este registro, siendo el año con mayor crecimiento en mucho tiempo.

Entre enero y julio de 2024, se habían sumado 124 más, sumando en total, hay 2.825 personas registradas en la Ciudad.