El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el gobierno de Javier Milei les cobrará $60 millones a 14 organizaciones sociales que -sostuvo- identificaron como los que convocaron a marchar el miércoles 20 de diciembre: “Vamos a intimar a las organizaciones para que se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía”.
“Hay una estimación del costo del operativo en 60 millones de pesos y por supuesto esta será la factura que le pasaremos a las organizaciones sociales de acuerdo al protocolo de orden público”, afirmó Adorni.
“Se identificaron las siguientes organizaciones sociales: el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita, la William Cook, MTR 12 de abril, Cuba MTR, Libres del Sur, Darío Santillán, La dignidad, el FOL, Barrios de Pie, Torres, el MTE y el Movimiento Patria Justa”, enumeró el vocero presidencial.
Denunciaron a 32 personas por extorsión
Además, Adorni afirmó que recibieron unos 15.900 llamados a la línea 134, habilitada por el gobierno para denunciar a punteros y organizaciones sociales que amenacen a beneficiarios de planes sociales con dejar de entregarles el dinero si no participan de la marcha, y manifestó que “hay 32 personas denunciadas por extorsión”.
Según indicó el ministerio de Seguridad en un informe, se hizo la denuncia a los Tribunales Federales por el delito de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes sociales. La denuncia recayó en el Juzgado del Dr. Sebastián Casanello y la Fiscalía del Dr. Gerardo Pollicita.
Identificaron a 35 personas que cortaron la calle
Además, desde la cartera que dirige Patrica Bullrich, indicaron que se está llevando a cabo “el proceso de identificación de las personas que cortaron la vía pública, en violación al artículo 194 del Código Penal” y que “ya se identificaron 35″.
“Aún faltan verificar a varias de las cámaras. Sin embargo, el pequeño número de infractores demuestra el éxito del operativo desplegado”, manifestaron.
También recalcaron que “aún se desarrolla el procedimiento de cruce con las bases de datos para verificar quiénes poseían un plan social” para sacárselos, según había anticipado la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
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