Sabina Fréderic, exministra de Seguridad de la Nación.

Desde el Gobierno, cuyo proyecto de Reforma Penal Juvenil implica reducir la punibilidad de 16 a 13 años (existen propuestas de la UCR, el PRO y hasta de un sector del peronismo que lo buscan establecer en 14), entienden que “la criminología empírica comprobó que el intervalo más crítico de criminalidad violenta se encuentra en el intervalo de entre los 14 y los 25 años. Por eso apuntamos a intervenir rápidamente sobre primarios y tomar la decisión política como Estado de bajar la edad de imputabilidad”, según expresó en diálogo con Ámbito Alberto Nanzer, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia.

Otras de las voces del oficialismo es la de Carlos Manfroni -jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad nacional-, que en su intervención en comisiones el 24 de abril aseguró que «de ningún modo la Justicia pierde el control de la policía. Lo que se ha hecho acá es dar pautas para una interpretación para una interpretación que es demasiado laxa». Y apuntó que se proyectará «una ampliación significativa del marco de la legítima defensa y del cumplimiento del deber». «Muy frecuentemente nos encontramos con policías, gendarmes y prefectos que son encarcelados por haber intervenido con el argumento de que hubo un exceso en la legítima defensa, que frecuentemente son opinables», dijo.

Ley Antimafias: vacíos legales y propuestas sobre el dictamen

El proyecto de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado obtuvo dictamen en Diputados la primera semana de agosto: si bien contó con semanas de debates informativos, las firmas de acompañamiento ocurrieron sin mediar discusión, mientras se discutía el Régimen Penal Juvenil. El propio Marcelo Aebi había participado previamente de los plenarios de comisiones. Allí sugirió incorporar a la ley medidas para la prevención del crimen organizado (“buscan evitar la infiltración de las organizaciones mafiosas en la economía legal y en las instituciones públicas”); otras para fortalecer la protección de testigos; y mecanismos para evaluar la eficiencia y eficacia de la ley.

Carlos Manfroni, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad nacional, en plenario de Diputados.

Foto: Ignacio Petunchi.

“En Argentina, generalmente son penalistas quienes se encargan de la criminología y los penalistas se quedan mucho con la forma de la ley, entonces muchas veces los debates no son de fondo: se piensa el texto de la ley y no la práctica sobre la que se quiere aplicar”, consideró Aebi. Diputados de los bloques de la UCR y Hacemos Coalición Federal acompañan la ley pero piden revisar el rol de las fuerzas federales a la hora de actuar en jurisdicciones provinciales. Esto coincide con uno de los dos pedidos que hizo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuando asistió al Congreso a defender el proyecto. Su otra demanda fue más contundente: «No se queden cortos».

Según Fréderic, el proyecto dictaminado “parte de una serie de supuestos que es, por ejemplo, la posibilidad de que se reproduzca el fenómeno de Rosario en Buenos Aires como si las condiciones fueran exactamente las mismas; o dar por sentado que el Estado no tiene capacidad y es débil frente al delito, sin contemplar la connivencia de la propia política y de los funcionarios judiciales». “Pondría en cuestión la idea de que acá existen mafias porque esa es una forma de organización encapsulada en sí misma. En la Argentina existen más bien segmentos que se articulan entre sí, como redes criminales, pero que no son parte de la misma organización: el que se ocupa de conseguir armas a través del mercado ilegal, el que comete delitos callejeros y el que se ocupa del transporte para las mercancías ilegales», precisó.

En ese sentido, la exministra de Seguridad recuerda que “el proyecto invoca la experiencia contra las mafias de Italia, que ha sido bastante exitosa, pero su diferencia radical es que se basa en la persecución de la renta o el dinero del delito. El objetivo principal de estas organizaciones criminales es la generación de mucho dinero negro y acá no está puesto el foco sobre agudizar los mecanismos para que la investigación sobre el dinero que fuera producto de actividades ilícitas”. “No se identifica quiénes son los actores que lo lavan, dónde se deposita o en qué se invierte”, advirtió.

Por su parte, Marcelo Aebi sugirió poner énfasis en la figura del arrepentido y en el desarrollo del artículo que se expresa sobre el decomiso anticipado para definir un destino transparente: «Cada ley tiene que estar adaptada. ¿Qué caracteriza a la cultura argentina actual? Sus elevadísimos niveles de corrupción». “La ley debería ver algo sobre la connivencia -si existiese- entre estas organizaciones y la policía. Hay gente que está cerrando los ojos para que pase la mercadería ilegal y es complejo porque hay que ver hasta qué niveles llegan y están infiltrados estos organismos. No hay nada de esto ni tampoco se habla del riesgo que toman los fiscales que denuncian estas cosas», agregó.

Maximiliano Pullaro, en la defensa del proyecto en Diputados.

Foto: Ignacio Petunchi.

“No se queden cortos”: punitividad y presupuesto de seguridad

Uno de los artículos más debatidos del proyecto propone que cada integrante de lo que se entiende por una organización criminal pague la pena correspondiente al delito más grave cometido por cualquier otro miembro. Eso implica, por ejemplo, que una persona que hurtó pueda recibir la penalidad de un homicidio doloso, si se interpreta que forman parte del mismo grupo.

“Esto abre potenciales situaciones de castigo desproporcionado”, piensa Aebi y apunta: “Sé que no se va a poder aplicar, porque no hay lugar para poner a toda esta gente en la cárcel. No estamos en el régimen de Bukele y no se van a construir ese tipo de cárceles como las de El Salvador, por suerte. Entonces no se va a poder aplicar la ley por una cuestión matemática, sin entrar en la cuestión moral. […] La gente en prisión cuesta dinero y ese dinero de algún lado tiene que salir: de los impuestos de todos, ¿no?».

Sabina Fréderic también piensa en el presupuesto desde otra perspectiva: “Tiendo a pensar cada vez más, sobre todo habiendo pasado por la gestión, que el negocio dentro del mundo de la seguridad mueve montañas y que muchas veces la justificación de las reformas punitivas encubren en realidad grandes negocios que algunos y algunas funcionarias están prioritariamente llamadas a hacer”.

Marcelo Aebi, durante su intervención en comisiones de Diputados.

Desde la Subsecretaría de Política Criminal, Alberto Nanzer precisó los alcances del diseño criminológico que impulsa el Régimen Penal Juvenil: “No se propone la pena privativa de la libertad desde un inicio. Se tratan de intervenciones del sistema de justicia penal de distinta intensidad y, con ese marco, el Estado tendría muchas más herramientas para hacer buena política criminal que las que tiene hoy, que existe una transición abrupta entre la impunidad y la pena de encierro». “Hay buena evidencia que indica que estas penas alternativas generan resultados positivos en la reducción de la reiteración delictiva”, concluyó.

En Argentina, según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, la sobrepoblación (más personas que camas disponibles) en las unidades penitenciarias es del 29%. “La cárcel no es un lugar ideal de resocialización. La cárcel en Argentina principalmente cumple una función de neutralización”, sostuvo Aebi, quien propuso: “Esta tendencia a creer que las penas, porque pongo 50 años de prisión, 30 o 40, y esto va a ser más disuasivo, no tiene ni pies ni cabeza. Es una ley que no voy a poder aplicar y no voy a poder mantener: sería mucho mejor penas más cortas pero de efectivo cumplimiento».

Hasta el momento, la Oficina de Presupuesto del Congreso aún no presentó informe sobre la inversión que implicarían la sanción de ambas leyes y contrasta con la política de austeridad que caracteriza a Casa Rosada. «El Ministerio de Seguridad está haciendo una estimación sobre el impacto que tendría en la Justicia federal, que hay que diferenciarla de los sistemas penitenciarios provinciales», afirmó Nanzer. “La ley no aborda explícitamente estas consideraciones presupuestarias. Esto es preocupante, ya que una de las causas fundamentales del fracaso de muchas leyes es que son promulgadas sin un presupuesto adecuado para implementarlas”, recordó Aebi.

Alberto Nanzer, subsecretario de Política Criminal, durante su intervención en el plenario de Diputados.

Ley Bases de Seguridad: proyectos son impulsados por el Gobierno

Dentro del paquete de reformas del Código Penal y otras iniciativas legislativas que conforman la agenda de seguridad, el oficialismo otorgó prioridad a los siguientes proyectos:

• Ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual: se extraerá material genético para integrar el registro a todas las personas procesadas por delitos contemplados por el Código Penal. Obtuvo dictamen en Diputados.
• Reforma de Ley 26.216 de Armas de Fuego: Flexibilización del protocolo para el acceso legal a tenencia de armas de fuego. Prórroga por cuatro años del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que permite entrega anónima de armamento para su destrucción. Obtuvo dictamen en Diputados.
• Proyecto de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado: agravamiento y unificación de penas para quienes sean considerados miembros de una organización criminal, establecimiento de facultades especiales a fuerzas de seguridad en “Zonas Sujetas a Investigación Especial” y decomiso anticipado. Obtuvo dictamen en Diputados.
• Modificación del Régimen Penal Juvenil: baja de edad de imputabilidad (de 16 a 13 o 14 años, según el proyecto) y determinación de nuevas responsabilidades institucionales del Estado con respecto a los adolescentes judicializados. Se encuentra en debate en comisiones.
• Reforma de Ley N° 20.429 de Armas y Explosivos: establece un plazo máximo de seis meses para definir el restituir o destruir munición o armamento incautado. Se encuentra en debate en comisiones.
• Sanción de ley de Bien Restituido: establecimiento de los parámetros de distribución a la sociedad civil de los bienes incautados a narcotraficantes y organizaciones criminales. Se encuentra en debate en comisiones.
• Ley de Seguridad Interior: habilita a las Fuerzas Armadas a participar en actividades de seguridad interior sin necesidad de acudir a la declaración de estado de sitio; su accionar no puede ser punible. Aún no inició su debate en comisiones.