Martín Menem se ceba un mate mientras escucha la cuestión de privilegio de la diputada de Unión por la Patria Carolina Gaillard. Parece algo nervioso, pero intenta no hacerlo notar. Habla pausado y con templanza, con la cadencia que caracterizaba a su tío, el ex presidente Carlos Menem, y a su padre, el ex senador Eduardo. Es la primera sesión de peso que le toca conducir como titular de la Cámara de Diputados, responsabilidad que le confió Javier Milei. La tensión marca el clima en la apertura del debate en el recinto, donde los legisladores discuten nada menos que la Ley Bases y Puntos de Partida Para la Libertad de los Argentinos (Ley Ómnibus), el proyecto con las reformas que la Casa Rosada pretende ejecutar su programa económico. La magnitud del dictamen, con casi 400 artículos, y la complejidad, por la multiplicidad de materias y temas que abordan, dificultan los acuerdos y amenazan con trabar la discusión.

La Libertad Avanza tiene apenas 38 diputados, que con un par de aliados alcanza los 40. Por las negociaciones previas, Menem conocía que el quórum para sesionar estaba asegurado. Y así fue. La sesión fue convocada para las 10 y a las 10:27, con 134 diputados en sus bancas, el oficialismo pudo poner en marcha el debate. Un listado de 22 oradores con cuestiones de privilegio se lleva la primera hora de la sesión sin dar lugar al tratamiento específico del proyecto. En la reunión de Labor Parlamentaria, Menem consensuó con los presidentes de los bloques opositores desdoblar esa nómina para agilizar la sesión. Se hizo lugar. Recién media hora después del mediodía se dio paso al tratamiento en sí de la ley.

Los pasillos y los despachos

No obstante, el recinto funciona como cortina para atraer la mirada pública. El verdadero debate se da en los pasillos y los despachos de la Cámara baja. Todo sucede allí. El Gobierno reconoce que llegó a la sesión con falta de acuerdos para aprobar artículos sensibles de la Ley Ómnibus. Entre ellos, las privatizaciones, el capítulo de emergencias y facultades delegadas, aspectos sobre seguridad, los dos artículos sobre el Impuesto País. El texto original tenía 664 artículos. Las disidencias con los diputados opositores, sumado a la fuerte presión de los gobernadores, llevó a que la Casa Rosada acceda a recortar casi la mitad del proyecto.

Después de semanas de idas y vueltas, el dictamen de mayoría que llegó al recinto tiene poco más de 500 artículos, aunque el Gobierno y los bloques colaboracionistas se basan en un borrador que contiene las modificaciones acordadas. Además, el texto ya no tiene el capítulo fiscal, que por decisión del Presidente se retiró, con el objetivo de postergar esa discusión y allanar el tratamiento del resto de los apartados de la Ley. De 664 artículos originales, el borrador de la normativa ingresa al pleno con 386.

Menem tiene el desafío de mantener el orden, el protocolo y el quórum de una sesión que promete ser maratónica. Se calcula que implicará más de 40 horas de debate. El oficialismo acordó con la oposición destinar todo el día a discutir la ley en general y votarla a medianoche. Luego, se dará paso a un cuarto intermedio para retomar el jueves por la mañana con la discusión en particular, artículo por artículo. La Casa Rosada articula puentes con los bloques del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación e Independencia para lograr el mayor aval a cada artículo.

Los libertarios saben que la oposición dialoguista votará por la positiva para que la norma en general se apruebe. Sin embargo, en la discusión particular el terreno es cenagoso. Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, garantizó que su bloque votará a favor toda la Ley. En cambio, Rodrigo De Loredo, líder de los radicales, y Miguel Ángel Pichetto, de Hacemos, no pueden asegurar la misma cohesión.

La UCR tiene disensos internos difíciles de conciliar. Son diferencias de criterio pero también disputas de poder. El bloque de Pichetto, en cambio, debe lidiar con una heterogeneidad que abarca todo espectro ideológico. De a ratos, el jefe de Hacemos cuchichea con Emilio Monzó, Florencio Randazzo y Nicolás Massot. Forman un cuarteto de alto perfil que tienen un rol clave en las negociaciones con el Gobierno. Son el puente, también, de un grupo de gobernadores del centro productivo y el sur petrolero que pujan con Milei para exigir cambios.

La disputa por la caja

De fondo, el tratamiento de la Ley Ómnibus es una disputa de caja entre las provincias y el Estado central. Así como también una lucha de intereses que abarca tanto al sistema político como al sector privado. El lobby en el Congreso se mueve en múltiples bandas que complejizan el trabajo del oficialismo. Especialmente, porque Menem es neófito en la política, mucho más en la tarea legislativa. Idéntica situación afecta a buena parte del bloque libertario, que tiene apenas 38 bancas.

Ese clima caldea la sesión, que por momento tiene puntos álgidos. Al comienzo, el Frente de Izquierda y UxP exigieron la expulsión de un empresario que desde los palcos agredió a la legisladora Myriam Bregman. Más tarde, el kirchnerismo pidió que el dictamen vuelva a comisión, porque discrepaban con la forma de cambiar de golpe una buena parte del articulado. El oficialismo había acordado con los bloques dialoguistas que el miembro informante, Gabriel Bornoroni, enumeraría al principio todos los artículos del dictamen que se iban a sustraer -conforme las modificaciones acordadas-. Fue una estrategia para ahorrar tiempo de la sesión en discursos. La moción de UxP fue rechazada y la sesión continuó.

Cerca de las 14, Menem dejó el recinto por un momento y se dirigió a su despacho. Interactuó con la Casa Rosada, recibió instrucciones políticas, cambió opiniones con legisladores de la oposición dialoguistas y volvió a su estrado. Mientras tanto, los pasillos y los despachos siguen ajetreados. El oficialismo moviliza a sus operadores políticos para lograr acuerdo de los artículos disputados.

Los puntos más discutidos

Uno de ellos es el de las privatizaciones. Los bloques dialoguistas no están de acuerdo con la forma y el fondo de ese capítulo. Algunos legisladores objetan la falta de un procedimiento nuevo y claro para ejecutar privatizaciones. También exigen debatir aparte, en otra sesión, caso por caso de cada empresa pública. Se niegan a votar un listado cerrado que privatice de una a 40 empresas. Tampoco hay consenso sobre qué firmas estatales pasar a manos privadas. Para algunos diputados, Aerolíneas Argentinas, Trenes o el Banco Nación deben seguir siendo estatales. Otros, en cambio, ven con buenos ojos que sean de gestión privada. Es uno de los puntos que implica más rispideces.

Algo similar ocurre con el Impuesto PAÍS, contenidos en el artículo 180 del dictamen de mayorías. En el borrador sin el capítulo fiscal, el Gobierno retiró ese apartado. La oposición advierte que será motivo de un litigio: señalan que el tributo no tiene vigencia y que requiere de una prórroga del Congreso. Sin eso, el Estado corre el riesgo de que se le caiga un impuesto que hoy está entre los 5 tributos que más recaudación le dan. El punto de conflicto es que los gobernadores exigen coparticipar un porcentaje del impuesto, algo que Gobierno rechaza.

Curiosamente, la mayoría de la bancada de UxP permanece en el recinto casi todo el tiempo. En cambio, los diputados de la UCR, el PRO, Hacemos e Innovación entran y salen constantemente. Desfilan de despacho en despacho. Es el sector “colaboracionista”, interesado en apoyar la Ley pero con modificaciones. En la previa al debate en particular, que se dará el jueves, el Gobierno busca llegar con la mayor cantidad de acuerdos. Es una forma de evitar el desguace del articulado.

Menem también va y viene de a ratos. Lo reemplazaron primero Cecilia Moreau, vicepresidenta primera de la Cámara, y luego Julio Cobos, vicepresidente segundo. A las 15, el riojano regresa a su asiento. “Tiene la palabra Itai Hagman”, dice el libertario para concederle el uso de la palabra al diputado de UxP. Se ceba otro mate, ya con el agua tibia. Revisa su celular, que explota de mensajes, responde un par de WhatsApp y vuelve a conectar con la sesión.

Los pasillos y los despachos siguen encendidos. Apenas es el comienzo de una sesión que puede extenderse hasta el próximo viernes. Será récord en la historia de la democracia. De esa maratón depende el futuro político y económico del programa de Milei.

Por: Graciela Herrera