Un Juez apartó a funcionario judicial y le puso los puntos a la Fiscalía

Juan Pablo Ortega fue sobreseído, al igual que el médico Jorge Gil, amigos de Parisí. El fallo será apelado.

Tras casi cuatro meses de idas y vueltas, la Justicia resolvió ayer desvincular al funcionario judicial Juan Pablo Ortega y al médico Jorge Gil por el delito de encubrimiento, quienes trataron de favorecer a Mario Parisí, otra figura de peso en Tribunales, el que, a su vez, está en la mira por provocarle lesiones y amenazar a su expareja, además de desobedecer una orden judicial. La decisión fue del juez de Garantías Matías Parrón, quien entendió que los testimonios fueron clave para acreditar la amistad íntima entre los tres imputados. Así, Ortega y Gil fueron sobreseídos bajo el beneficio de la «excusa absolutoria», figura con la que se busca desligar de responsabilidad penal a todos aquellos que estén amparados en una relación de amistad o vínculo familiar con el imputado. En su resolución, el magistrado le marcó la cancha al Ministerio Público (MPF) al indicar que no es «el soberano absoluto de la política criminal». Además, sostuvo que el sobreseimiento a los acusados puede definirse en cualquier instancia del proceso, como en su inicio, a diferencia de la posición de Fiscalía, que argumentó que tal decisión debía darse en la etapa final, en el juicio. Por eso, en el MPF adelantaron que apelarán porque buscarán mantener implicados a Ortega y Gil.

La causa contra Parisí generó un escándalo en Tribunales, ya que se trata de un funcionario con trayectoria dentro del fuero Penal. Además, a él se le sumó otro funcionario reconocido como Juan Pablo Ortega, quien es coequiper de Parisí en la Coordinación de la Asistencia Jurídica al Colegio de Jueces del sistema acusatorio. Este último quedó involucrado por tratar de cambiar la declaración de la mujer que denunció al primero por lesiones. Además, existe otra denuncia en la que está en la mira por presunto tráfico de influencias (ver recuadro).

Tras el sobreseimiento, hay diferentes posturas sobre la continuidad del expediente. Por un lado, la defensa de Parisí, que encabeza Fernando Castro, sostiene que la causa debe continuar su curso con el funcionario sentado en el banquillo de los acusados, mientras que Fiscalía, representada por Claudia Salica y Roberto Ginsberg, afirman que se deberá esperar a la resolución del Tribunal de Impugnaciones, ya que el fallo en el que se desliga a Ortega y Gil será apelado.

La «excusa absolutoria» había despertado una postura dura del MPF hacia el juez, al entender que, al abrir la puerta a que los imputados puedan ser desligados de un presunto delito, el magistrado se arrogó facultades que no le corresponden. Según la visión de Fiscalía, definir qué personas deben ser investigadas y cuáles desligadas es una facultad propia y no de un juez. Incluso, dicha acción los habilita a conciliar o a acordar una suspensión de juicio a prueba (probation), entre otros puntos.

Sobre esa postura, Parrón le marcó límites al expresar que «es el Estado mismo, en su carácter general, y no el MPF, el que establece un coto sobre aquellas conductas que serán objeto de sanción». Así, dijo que «no toda política criminal, considerada sin más, está exclusivamente en manos del MPF. Puede parecer una verdad de perogrullo, pero no podemos olvidar que el mismo órgano acusador tiene una limitación» plasmada en el Código Penal, definido por un Estado Nacional. Así, dijo que «es el Estado y no el MPF, quien ha decidido dejar de lado determinadas conductas, cuando estas se enmarcan en circunstancias específicas» como es el caso de las excusas absolutorias.

Sin castigo interno

Desde la Corte de Justicia indicaron que no habrá una investigación administrativa por una presunta irregularidad en el desempeño de las funciones de Ortega, ya que fue sobreseído de la causa de Parisí.

Testigos

Parrón indicó que, con los testimonios, se «acreditó el vínculo de amistad íntima» entre Parisí, Ortega y Gil. Para definir así, sostuvo que «cada uno sabe si una persona alcanza un grado de amistad íntima o no».

Otra denuncia contra Ortega 

Según trascendió de fuentes calificadas, el nuevo expediente contra el funcionario judicial Juan Pablo Ortega nació tras denuncia de un joven por presunto tráfico de influencias. La sospecha es que Ortega, primero, le recomendó una abogada a una mujer que acusó a su expareja de abusar sexualmente de la hija de ambos. Pero no sólo habría existido esa sugerencia, sino que el funcionario quedó en la mira por armarle los escritos judiciales a la profesional, los que eran tramitados, encima, por una persona de su círculo más cercano en Tribunales. Además, está bajo la lupa el hecho de que habría contactado a una perito de parte conocida para que dictamine en esa causa. Todo eso bajo la presunción de que habría querido beneficiar a la denunciante, contaron las fuentes.

Los fiscales han recabado testimonios y han enviado a peritar distintos dispositivos electrónicos secuestrados a la abogada recomendada por Ortega. El caso se encuentra en la etapa de investigación previa a la audiencia de formalización, indicaron las fuentes.

Fuente: Diario de Cuyo

Por: Juan Llarena

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