Motosierra y licuadora en modo turbo: balance económico de los primeros 100 días de Javier Milei
El Gobierno muestra datos que el mercado evalúa como positivos en materia macroeconómica, pero que tienen un correlato preocupante en la economía real. La disociación en los primeros 100 días de Milei preocupa a los analistas y Caputo busca alinear el rumbo.
Motosierra y licuadora en modo turbo
El Gobierno sabe que combatir esa dinámica es clave y, a fuerza de motosierra y licuadora, el presidente muestra “una política antiinflacionaria que implica el deterioro sistemático de salarios directos y reducción de gasto público (salarios indirectos en forma de subsidios)”, según observa el economista Pablo Ferrari.
Y, por su parte, el economista y director de la consultora Sarandí, Sergio Chouza, define el programa que lleva adelante el Gobierno como “uno de ajuste ‘cavernícola’ por la magnitud y la velocidad de la contracción en términos monetarios y fiscales”.
Explica que Milei estuvo dispuesto a “pagar cualquier costo con el fin de pinchar las variables que consideraba que generaban una presión excesiva sobre la economía, sobre todo, en los bienes y el dólar”.
Así, en resumidas cuentas, Chouza considera que, “con la licuadora y la motosierra en modo turbo, buscan frenar la economía”. Pero, lo cierto es que esto tiene un costo muy fuerte en la economía, que es la profundización de la recesión.
El campo se salva y ayuda al BCRA
“Sólo el sector agroexportador reporta una mejora respecto del año anterior, lo que redunda en una mejora en las reservas internacionales por un repunte de la cosecha en febrero y marzo en contraposición de un deterioro de u$s20.000 millones de merma de ingresos del campo en 2023 por la sequía”, detalla Glustein. De hecho, en este tiempo, el Banco Central (BCRA) liderado por Santiago Bausili logró comprar casi u$s10.000 millones en el mercado oficial de cambios hasta ahora.
Así, tal como plantea el economista Pedro Gaite, “lo que queda claro es que el foco está puesto en corregir algunos desequilibrios macroeconómicos que había que atender, pero lo está haciendo a costa de un brutal ajuste que tiene como efecto un desplome de la actividad económica, el empleo y los salarios sin precedentes”.
Los números son contundentes: de la mano de la suba del tipo de cambio oficial, que implicó una devaluación del 54% en un día y llevó el valor del dólar a $800, el costo de vida se disparó y el Gobierno acumula una inflación del 71,3% en estos primeros tres meses y pico de gestión.
El paulatino deterioro del poder adquisitivo llevó a que, según estadísticas del Gobierno, el salario promedio formal no alcance la línea de la pobreza en enero de 2024, ya que no puede cubrir el valor de una canasta básica. El informe del Instituto Nacional de Estadística y Cencos (INDEC) señaló que una canasta básica llegó a los $596.823 en el primer mes del año, mientras que la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), medida por la Secretaría de Trabajo, quedó establecida en $555.269.
A esto se suma una caída del uso de la capacidad instalada en la industria, que en la actualizad alcanza el 54,6%, luego de haber llegado al 66,4% en noviembre del año pasado y un alza del costo de la canasta de crianza del 50,15%.
Nuevos problemas en una economía con más crisis
“Así empiezan a brotar problemas que antes no había, pese a que sí había una crisis creciente en materia macro, que son: el aumento del desempleo y una pauperización mayor del trabajo privado”, apunta Chouza.
Según su visión, el actual programa económico, no muestra nada novedoso. “Solo se trata de un ajuste tradicional a velocidad turbo y un programa con muy baja coordinación política, sin gestión. Solo el Estado apagándose”, dice.
Por otro lado, Ferrari señala que la actual política económica sólo intenta favorecer a los grandes capitales concentrados locales y extranjeros, “en particular a los segundos” y advierte que esto se expresa en el nombramiento de funcionarios de su gobierno, al que se han sumado muchos representantes de distintos sectores económicos.
Con todo Gaite, advierte que el Gobierno está haciendo la corrección de una manera muy acelerada, que tiene un efecto recesivo feroz. “Y, por el enfoque, pareciera que el shock tan fuerte del tipo de cambio y la desregulación de precios hacen que la convergencia de precios sea mucho más violenta y dañina que si se hubiera hecho de otro modo. Es un programa económico de shock muy fuerte que procura corregir desequilibrios macro de manera desordenada lo que hace que el impacto contractivo sea sumamente nocivo”, alerta.
Un deteriorado poder político de Javier Milei
Pero todo eso tiene su costado más allá de lo económico y es la pata política, dado que Glustein observa que se está dando “un deterioro importante del poder político del Gobierno, lo que hace que las calificadoras miren de reojo con cierto recelo a Milei respecto de sus posibilidades para poder llevar adelante las reformas que se propone a través del DNU y la Ley de bases”. Así, hacia adelante, está por verse cómo empiezan a tejer sinergia el mundo financiero y la macro con la economía real.
Es por eso que, en las últimas horas, el Gobierno ha empezado a tomar algunas acciones con la intención de controlar el efecto negativo en el bolsillo de sus políticas, como sentarse a dialogar con productores de alimentos y supermercados, abaratar los costos de importación de alimentos y crear un organismo para planificar políticas públicas que intervengan en el comercio interior. Así, Caputo se sale de su ortodoxia que sostenía que la emisión era el gran problema de la inflación y busca medidas más heterodoxas.
Para Graña, esto responde a que el Gobierno se está dando cuenta de que «el Estado, en un contexto de tan alta inflación, devaluación y contracción, tiene que tener un rol de coordinación de los agentes económicos».
“El mercado mira a ver si el Gobierno logra realmente domar la inflación y recomponer a la larga el clima social, que está muy afectado por la recesión”, dice Glustein. El tiempo corre y los precios también, por lo que las dudas sobre el éxito de estas decisiones está en duda aún. A lo que Graña agrega que el superávit actual no es sustentable porque se están paralizando todos los organismos públicos con partidas presupuestarias pisadas.
Y, por otro lado, plantea que hay que definir qué es lo que pasará con el cepo porque «ha sido clave para acumular reservas y hay que ver qué pasa con el tipo de cambio», si las agrorexportadoras aceptan el valor del dólar actual o no. Señala, en ese sentido, que hay que definir, por otro lado, qué modelo monetario elegirá finalmente el Gobierno y qué pasará con la actividad económica hacia adelante dado que los salarios están pisados y eso impacta directamente en el consumo.
Fuente: Ámbito
Rivero. C
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