Gustavo Petro y los interrogantes frente a su promesa de transición energética

El Mundo

El Gobierno entrante del progresista Gustavo Petro hizo de la transición energética a las energías renovables en Colombia una de sus propuestas bandera durante la campaña presidencial de este año y, a una semana de su toma de posesión, economistas y ambientalistas se plantean cuáles serán los límites a la hora de desarrollar una agenda ambiental tan ambiciosa sin causar grandes sobresaltos económicos en la industria petrolera, uno de los grandes motores de la nación.

A principios de este año se vivieron momentos de tensión en el sector energético. El candidato y líder en todas las encuestas anunció por entonces que frenaría, en caso de ganar las elecciones, toda actividad petrolera.

Con el paso del tiempo, sin embargo, el economista y exguerrillero de 62 años tuvo que matizar su postura debido a las fuertes críticas de expertos que dejaban en evidencia la inviabilidad de su propuesta.

Susana Muhamad, que asumirá la cartera de Ambiente a partir de agosto, ya ha manifestado en la prensa local que el proceso de «descarbonización de la economía» será gradual.

Y el ministro designado de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha asegurado que, ante la crisis económica mundial, y el déficit fiscal de 22 billones de pesos (más de 5 billones de dólares) que deja el Gobierno saliente, no quedan otras alternativas que continuar con las exploraciones y la extracción de petróleo.

Este anuncio ha ayudado a aliviar temporalmente el agobio de muchos economistas y altos cargos de la petrolera de mayoría estatal Ecopetrol, exasperados con la simple idea de cerrar el grifo en un momento en el que el precio medio del barril de crudo se cotiza por encima de los 100 dólares.

¿Qué queda entonces del impulso inicial del político de la coalición de izquierda Pacto Histórico?

El doctor en Geografía Esteban Rossi sugiere a Télam que seguramente habrá cambios de tipo corporativo en la estatal Ecopetrol: «Los últimos dos Gobiernos han nombrado personas que no tienen las credenciales que se necesitan».

Y añade que el «amiguismo y el clientelismo» de algunos pocos funcionarios allegados al presidente de turno, Iván Duque, opacan un manejo más riguroso del sector.

Un hecho que quedó en evidencia hace solo unas semanas, cuando la junta de la petrolera cambió los estatutos para prolongar cuatro años más la conformación de la actual la Junta Directiva.

Gustavo Petro publicó entonces en Twitter un mensaje desafiante donde se leía «No nos reten», y anunció que habría cambios.

Y es que desde agosto del año pasado los bonos de Ecopetrol, la empresa más grande del país, entraron en una suerte de montaña rusa bursátil y han registrado pérdidas importantes dentro del grupo de compañías petroleras de mercados emergentes.

Los diarios económicos han acuñado desde entonces la fórmula «el efecto Petro» para explicar los bandazos financieros del último semestre.

Petro, sin embargo, se ha mantenido firme en el pulso con las directivas de la petrolera, cuyo 88,49% pertenece al Estado. Su posición ha sido invariable, por ejemplo, en su negativa de respaldar la extracción de petróleo a través del llamado fracking, una técnica no convencional que consiste en fracturar rocas del subsuelo a través de potentes chorros de agua mezclados con aditivos químicos.

A pesar de que el método ha sido muy criticado por los colectivos ambientalistas, los gremios del sector lo ven desde hace años como una vía importante para incrementar las reservas de gas y crudo y así alcanzar la tan anhelada autosuficiencia energética.

Por lo pronto, la aprobación de un primer plan piloto de fracking sobre el cual ya se venía avanzando se encuentra en un limbo jurídico. Y con la llegada del equipo de Petro es bastante probable que pase a segundo plano más pronto que tarde.

Por eso, el ingeniero de petróleos de la Universidad Industrial de Santander Óscar Vanegas prefiere apuntar el foco de su análisis sobre otro punto que será objeto de debates y posibles modificaciones: el actual formato de contratación de exploración y producción petrolera entre la estatal colombiana y las multinacionales.

Recuerda que hoy existe un modelo de contrato por concesión que «escasamente le deja al país un promedio del 27% en participación de producción». Ganancias insuficientes, en su opinión. Y más si se tiene en cuenta que las multinacionales extranjeras reciben un catálogo de hasta 200 prebendas y deducciones tributarias que también afectan el recaudo estatal.

«Yo supongo que Petro apostará por un modelo de producción y ganancias compartidas, como lo tienen actualmente en Ecuador o Perú. Contratos que son ‘gana-gana’ para las dos partes y que conllevan a buenas prácticas de inspección y ejecución social y ambiental. No olvidemos que las comunidades rurales han acumulado gran desconfianza frente a la industria, a la que, muchas veces con razón, ven como arrasadora e invasiva», apunta el especialista.

«Las leyes hoy permiten que las grandes petroleras contaminen el agua, por ejemplo»Óscar Vanegas

En la misma línea afirma que el gabinete entrante buscará mejorar la normativa ambiental vigente, a su juicio «muy laxa».

Sostiene que se trata de modificaciones plausibles a corto plazo: «Las leyes hoy permiten que las grandes petroleras contaminen el agua, por ejemplo. Debería haber una política de cero vertimientos de aguas residuales, para estar a la altura de todos los acuerdos internacionales que Colombia ha firmado y se han quedado en el papel».

Esta coyuntura deja al nuevo gabinete de medio ambiente, visto como radical en algunas posturas, ante un verdadero ejercicio de equilibrismo.

La industria petrolera representa un 40% de las exportaciones totales de la nación y un 55% de los dólares que entran al país provienen de la venta de crudo, según cálculos del economista Guillermo Sinisterra aportados a la cadena internacional CNN.

Por eso, varios analistas descartan avances o giros abruptos en la apuesta ambiental de la tan reiterada «transición energética».

El ingeniero Óscar Vanegas subraya que de hecho el Gobierno está muy atado a los contratos y pólizas internacionales adquiridas para exportar crudo durante los próximos años.

Y en el plano doméstico incide en que las deudas de Ecopetrol ascienden a más de «15.000 millones de dólares con intereses muy altos». Cualquier paso en falso, afirma, sería lo más cercano a un estrangulamiento de la economía.

A pesar de que la economía del país se ha diversificado mucho en los últimos años, en 2020 Colombia exportó 7.460 millones de dólares en crudo de petróleo o minerales bituminosos, una cifra que lo situó en el puesto 18 de la tabla mundial de exportadores del Observatorio de Complejidad Económica.

Esteban Rossi, magíster en Ciencias Ambientales, recuerda por tanto que las decisiones que tome la nueva administración tendrán implicaciones financieras y ambientales decisivas para Colombia: «Nuestros ingresos dependen en buena parte de la venta de hidrocarburos. Lo importante para los tomadores de decisiones será priorizar realmente cuál es la magnitud de nuestros problemas y qué se puede hacer sin entrar en confusiones por cuenta de estrategias de mercadeo o de intereses políticos».

Por: Rodo Galdeano
Fuente: Télam

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