La tensión entre la Obra Social Provincia (OSP) y las entidades que agrupan a las farmacias, la Asociación Propietarios de Farmacias y el Colegio Farmacéutico, ha alcanzado un punto crítico debido a desacuerdos sobre los pagos pendientes correspondientes a los meses de septiembre y octubre. Este desencuentro ha llevado a amenazas de suspensión de servicios de medicamentos a los afiliados, generando preocupación en una amplia comunidad de usuarios.
La OSP, representada por la Fiscalía de Estado a cargo de Jorge Alvo, ha declarado que no mantiene deudas con estas entidades farmacéuticas. Según lo estipulado en el convenio, se ha asegurado dejar recursos a cargo de la gestión de Marcelo Orrego para cubrir los desembolsos pendientes de dichos meses reclamados.
Carlos Otto, de la Asociación de Propietarios de Farmacia, ha expresado la necesidad de recibir pagos de manera quincenal, argumentando que los plazos actuales dificultan la reposición de medicamentos, especialmente frente al impacto inflacionario. Señaló que muchas farmacias se encuentran con suministros insuficientes, lo que impide la entrega de medicamentos a los afiliados de la OSP, afectando aproximadamente al 80% de las farmacias, principalmente las de barrio.
En respuesta, desde la OSP se ha detallado el proceso de pago establecido en el convenio. Según lo pactado, se cancela el 50% de la facturación dentro de los 15 días hábiles posteriores a la presentación de las boletas, y el restante 50% se abona en un plazo que oscila entre 42 y 45 días hábiles, dependiendo del mes facturado.
La Fiscalía de Estado ha afirmado haber cumplido con los pagos correspondientes al 50% de septiembre y octubre según el convenio. En el caso del mes de septiembre, se abonó la mitad el 25 de octubre y se completará antes del 15 de diciembre. Respecto a octubre, se efectuó el primer pago el 23 de noviembre, y el saldo restante se cancelará antes del 17 de enero de 2024.
Además, la OSP ha asegurado disponer de los fondos necesarios para hacer frente a estos pagos pendientes, comunicando a las entidades farmacéuticas su compromiso de cumplir con las obligaciones establecidas en los plazos acordados.
Sin embargo, las entidades farmacéuticas han expresado su intención de apelar la resolución del juez Walter Otiñano, quien dictaminó a favor de la OSP, frenando la medida de suspensión de servicios a los afiliados.
El juez Otiñano fundamentó su decisión señalando la importancia del acceso a la salud y la dispensación de medicamentos como un derecho fundamental. Reconoció la labor de las farmacias como parte esencial del sistema de salud y subrayó la responsabilidad del Estado en garantizar el acceso a los medicamentos para todos los habitantes, en este caso, los afiliados a la OSP. A pesar del derecho de propiedad de las instituciones farmacéuticas, consideró que la medida de suspensión de servicios es desproporcionada y pone en riesgo la sociedad en su conjunto.
El conflicto continúa en curso, generando preocupación en la comunidad respecto al acceso continuo a los medicamentos esenciales para los afiliados de la OSP.
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