Padres autoconvocados refuerzan su estrategia judicial y reúnen 189 firmas en apoyo al recurso de amparo

Los padres autoconvocados de las tres escuelas preuniversitarias de la provincia —la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central Universitario— han dado un paso decisivo en su estrategia legal para intentar frenar el impacto de las medidas de fuerza docentes sobre la continuidad pedagógica. Ante la inminencia de nuevos paros, las familias sumaron 189 firmas en una declaración de voluntad con el objetivo de dar mayor volumen y representatividad a la demanda que llevarán ante los tribunales.

El grupo global, compuesto por más de 600 padres que representan a una comunidad de aproximadamente 3.000 estudiantes, busca demostrar que el reclamo no se limita a un sector reducido. La acción judicial principal estará encabezada de manera formal por 18 padres que firmaron el recurso de amparo, mientras que la declaración de voluntad suscrita por las 189 familias funciona como un respaldo explícito a la causa. Desde la representación del grupo señalaron que el propósito es dejar en claro que existe un consenso mayoritario en que los paros no deben seguir siendo la vía de protesta en la educación.

Actualmente, el equipo de abogados contratado por las familias se encuentra ultimando la estructura legal del escrito y a la espera de la asignación de la carátula en el juzgado, un requisito administrativo indispensable para efectivizar el ingreso formal ante la Justicia Federal. Los voceros manifestaron la urgencia de las familias por avanzar con celeridad dentro de las posibilidades procesales, destacando la tensión y la preocupación latente entre los tutores por la pérdida de días de clase.

La vía judicial implicó un esfuerzo económico organizativo significativo para la comunidad educativa. Luego de haber recaudado $3.060.000 para financiar los costos legales de la presentación, los padres debieron realizar un desembolso adicional para las certificaciones notariales. La autenticación de la firma de cada uno de los 18 demandantes ante escribano público demandó $30.000 por persona, totalizando $540.000 únicamente en gastos administrativos notariales.

Desde el colectivo remarcaron que el objetivo primordial del recurso de amparo no es cuestionar las reivindicaciones ni los reclamos laborales de los docentes, sino garantizar de forma prioritaria el derecho a la educación y evitar que las suspensiones de clases continúen perjudicando a los alumnos.

Rivero. C