Paro total de colectivos en San Juan: UTA detiene el servicio y el Gobierno lo declara fuera de la ley

La Unión Tranviarios Automotor lleva adelante una huelga de 24 horas en reclamo de mejoras salariales. La Provincia sostiene que no se cumplieron los pasos legales para realizar la medida y advierte posibles sanciones. Taxis y remises intentan suplir la falta de transporte público.

Este martes 6 de mayo, el transporte público en San Juan amaneció paralizado debido a un paro de 24 horas convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La medida, que había sido anunciada con anticipación, se llevó a cabo con un alto nivel de acatamiento por parte de los choferes, dejando sin servicio de colectivos a miles de usuarios.

En el microcentro sanjuanino, la ausencia de unidades fue compensada parcialmente por una notable presencia de taxis y remises, que trabajaron a pleno para cubrir la demanda de pasajeros que quedaron sin su habitual medio de transporte.

Pese a la convocatoria sindical, el Gobierno de San Juan emitió un duro comunicado en el que calificó la medida de “ilegal”. Según se detalló, no hubo notificación formal del gremio ante la Subsecretaría de Trabajo provincial, por lo que cualquier interrupción del servicio «sin cumplir con los procedimientos legales vigentes» será considerada fuera de la ley.

“El Gobierno ha instado formalmente a las empresas de transporte público de pasajeros de la provincia a garantizar la continuidad del servicio durante el 6 de mayo”, expresaron desde la administración provincial, marcando su postura frente al conflicto.

Por su parte, los empresarios del transporte ya anticiparon que aplicarán descuentos en los haberes y eliminarán el presentismo a los choferes que se sumaron a la huelga. Argumentan que no pueden afrontar una mejora salarial sin una actualización de los ingresos que permita cubrir los costos operativos.

El origen del conflicto radica en la falta de acuerdo salarial entre la UTA y las cámaras empresarias del sector. El gremio reclama un incremento del salario básico de $1,2 millones a $1,7 millones mensuales, mientras que los empresarios sostienen que no están en condiciones de afrontar ese ajuste económico.

Tras el vencimiento de la conciliación obligatoria el pasado 30 de abril, y sin avances en las negociaciones, la UTA confirmó la medida de fuerza como forma de presión ante la falta de respuestas concretas.

Los comentarios están cerrados.