Peronistas Sanjuaninos Recurren a la Justicia para Frenar DNU de Milei

Las reformas propuestas abarcan diversos aspectos, desde lo económico hasta cuestiones vinculadas con la comunicación y el mercado laboral.

José Luis Gioja y Eduardo Cabello, destacados referentes peronistas de San Juan, han expresado su intención de recurrir a la Justicia para detener las más de 300 medidas anunciadas por el presidente de la Nación, Javier Milei, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Ante este escenario, Gioja sostiene que la oposición, en particular el justicialismo, debe utilizar el sistema judicial para evitar lo que consideran un «atropello democrático» por parte del gobierno mileísta. Se cuestiona la constitucionalidad del DNU y se argumenta que el uso de decretos de necesidad y urgencia debería limitarse a situaciones verdaderamente urgentes.

«Lo que hay que hacer con estas medidas es ir a la Justicia. Ningún juez puede decir que es constitucional. Decreto de Necesidad y Urgencia, ¿qué tiene de necesidad y urgencia todo esto? Está legislando, ninguna de estas leyes es de necesidad y urgencia, lo hace porque no tiene mayorías», declaró el exgobernador de San Juan, José Luis Gioja.

Eduardo Cabello, diputado provincial y dirigente de la Confederación General del Trabajo (CGT) en San Juan, compartió la postura de Gioja y anunció que la CGT ya ha preparado a sus abogados para llevar cada una de las medidas a la Justicia. Advierte que estas medidas, implementadas a través de un DNU debido a la falta de consenso con otros sectores, deben ser judicializadas para proteger los derechos de la sociedad.

Ambos dirigentes expresaron su preocupación por la legitimidad de las normativas y la necesidad de enfrentarlas antes de que se dañe la democracia. Destacaron la importancia de un diálogo y consenso adecuados en lugar de imposiciones.

El DNU entrará en vigencia y solo dejará de estar vigente si ambas cámaras, de Diputados y Senadores, lo rechazan. El proceso implica su análisis por una comisión bicameral y posterior revisión en ambas cámaras legislativas en un plazo de 20 días para evitar su implementación.

 

 

Op: Juan Llarena

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