Pese a las denuncias, la Justicia dio luz verde a la cuestionada licitación de la Hidrovía
El juez Daniel Rafecas rechazó suspender el trámite, que seguirá adelante mientras se investigan presuntas irregularidades, direccionamiento y documentación falsa.
El juez federal Daniel Rafecas rechazó este jueves los pedidos para suspender de manera inmediata la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, pese a las denuncias presentadas contra el proceso por presuntas irregularidades, direccionamiento del pliego y posible falsificación de documentación.
La decisión fue adoptada en una resolución de 15 páginas, en la que el magistrado desestimó las medidas de no innovar solicitadas por la diputada Marcela Pagano y por Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quienes reclamaban frenar una licitación atravesada por sospechas y cuestionamientos.
En su fallo, Rafecas sostuvo que, por el momento, las denuncias se apoyan “en gran parte” en “la presunción de un futuro hecho ilícito”. “Lo incipiente de la pesquisa impide hacer lugar a la medida peticionada”, afirmó el juez, siguiendo el criterio adoptado por el fiscal Guillermo Marijuan.
Y agregó que “no se acredita la verosimilitud del derecho invocado ni la manifiesta ilegalidad o arbitrariedad del accionar administrativo”. El juez también entendió que tampoco se logró demostrar “el peligro concreto en la demora”, uno de los requisitos centrales para habilitar una cautelar de semejante alcance.
En la resolución, Rafecas remarcó además que, cuando se pretende suspender una decisión de la administración pública, debe aplicarse “el máximo grado de prudencia” para evitar “excesos jurisdiccionales que signifiquen un menoscabo de los poderes y funciones administrativas”.
Las denuncias contra la licitación de la Hidrovía
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por Pagano el 11 de mayo pasado. Allí sostuvo que la licitación de la Hidrovía habría sido “direccionada para favorecer a un grupo determinado de beneficiarios” y denunció supuestos vínculos entre funcionarios nacionales y empresarios ligados al proceso.
Entre otras acusaciones, la diputada afirmó que el pliego habría sido confeccionado “a medida” para excluir a empresas chinas, que existirían “socios ocultos” detrás de la empresa belga Jan de Nul y que incluso se habría incorporado “documentación falsificada atribuida a la ONU”.

La Justicia rechazó frenar la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay pese a las denuncias por presuntas irregularidades en el proceso.
Según la denuncia, el esquema involucraría delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y asociación ilícita.
A esa presentación se sumó otra denuncia de Fernando Míguez, quien aseguró que la maniobra implicaría “un perjuicio proyectado de u$s7.000 millones a lo largo de la concesión” y apuntó contra el asesor presidencial Santiago Caputo, el ministro de Economía Luis Caputo y otros funcionarios vinculados al área portuaria.
El dictamen de Marijuan
Sin embargo, el fiscal federal Guillermo Marijuan ya había dictaminado en contra de suspender la licitación. En su presentación sostuvo que “no se acredita la verosimilitud del derecho invocado ni la arbitrariedad manifiesta del obrar administrativo”.
Marijuan también señaló que “tal extremo no puede sustentarse en meras conjeturas” y que el peligro en la demora debe surgir de “circunstancias fácticas comprobadas en la causa”.
Rafecas terminó alineándose con ese criterio. En uno de los tramos centrales de la resolución, recordó que las medidas cautelares contra el Estado son de aplicación “restrictiva” y que, por la “presunción de legitimidad” de los actos administrativos, solo pueden dictarse cuando exista una “manifiesta ilegalidad o arbitrariedad”.
Finalmente, el magistrado resolvió “no hacer lugar” a las cautelares pedidas y ordenó remitir nuevamente el expediente a la Fiscalía Federal para que continúe la investigación.
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