El proyecto de Presupuesto para 2025 del Gobierno “sostiene y profundiza” el ajuste advertido durante 2024 en las políticas destinadas a la disminución de las brechas de género, y a brindar asistencia a víctimas de violencia de género. Directamente no figuran ninguna identificada para el Programa Acompañar, la Línea 144, el Patrocinio Jurídico a Víctimas de Abuso Sexual y para el fortalecimiento de la Educación Sexual Integral. Los datos surgen del Informe “Presupuesto 2025 (sin perspectiva de género)”, del Centro Economía Política Argentina (CEPA), difundido en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres.

¿Qué pasó con las políticas con perspectiva de género en el Gobierno de Milei? ¿Qué prevé en el Proyecto de Presupuesto 2025? A partir de estas dos preguntas, el análisis de CEPA muestra además recortes drásticos en la ejecución presupuestaria durante este año de las principales políticas que se venían desarrollando en gestiones anteriores para enfrentar la desigualdad y la violencia de género.

“El discurso antifeminista sostenido por el gobierno nacional se refleja de manera muy clara en la asignación de los recursos públicos”, destaca el informe. Desde hace varios años, en el Presupuesto se etiquetan las partidas dirigidas a desarmar las desigualdades de género en distintos campos con la siguiente denominación: Perspectiva de Género (PPG). Esa etiqueta facilita el acceso a la información y promueve la transparencia presupuestaria.

En la plataforma de Presupuesto Abierto, existe un monitor específico donde se podía consultar la ejecución del presupuesto etiquetado como PPG. Sin embargo, hasta el momento, no se ha actualizado con la información correspondiente a 2024. Esto, alerta CEPA, obstaculiza el acceso a la información.

En el año 2023, se habían etiquetado 42 programas como PPG, por un total de 5,2 billones de pesos (esto es, un 12,9% del gasto total).

Entre los programas que contribuyen a reducir brechas de ingresos, por su magnitud, las moratorias previsionales ocupan el lugar más importante de esta categoría –en 2023 representaban el 52,3% del presupuesto etiquetado como PPG–. Además, se incluyen las Pensiones No Contributivas para Madres de 7 o más Hijos, el Potenciar Trabajo y la Asignación Universal para Protección Social. En conjunto, estos programas representaban el 83,4% del gasto etiquetado como PPG en 2023. Por lo tanto, su evolución “es lo más representativo del recorte efectuado en políticas con perspectiva de género”, destaca CEPA.

A continuación se detalla el ajuste en estos programas:

● Potenciar Trabajo: -81.6% (subejecución por congelamiento de su monto).

● Registradas y Potenciar Inclusión Joven: Eliminados (-100%).

● Pensiones no contributivas (madres de 7 o más hijos): -26.9%.

● Tarjeta Alimentar: -15.4%.

● Asignación Universal por Hijo (AUH): +30.4% (único caso con aumento en la ejecución).

Entre los programas que apuntan a reducir las brechas laborales el panorama es dramático. La ejecución 2024 del Potenciar Trabajo muestra un derrumbe por el congelamiento de su monto; el programa Registradas –para reducir la informalidad del sector de las trabajadoras de casas particulares, el principal empleador de las mujeres en el país– no fue renovado y el Potenciar Inclusión Joven fue eliminado.

Como viene advirtiendo este diario a lo largo del año, las principales políticas públicas de prevención, atención y protección contra la violencia de género muestran un enorme retroceso o se encuentran prácticamente desmanteladas.

El informe de CEPA muestra que en 2024 se produjo la eliminación o fuerte reducción presupuestaria en relación al año anterior en iniciativas como el Patrocinio Jurídico para Víctimas de Abuso Sexual (-100%), el Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata (-87.9%); la Línea 144 para atención de víctimas (-54%) y la Ley Brisa (53,5%). En relación al Programa Acompañar, la principal política para víctimas de violencia de género, no solo se licuó su poder adquisitivo (-25,7% en relación a noviembre de 2023), sino –como ya informó Página 12— se redujeron 98,6% las altas otorgadas.

Los programas que contribuyen a reducir las brechas de salud se encuentran virtualmente paralizados: la subejecución presupuestaria alcanza al fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI, -99.4%), al Plan ENIA –para reducir los embarazos no intencionales en adolescentes– (-73.5%), al Desarrollo de la salud sexual y procreación responsable (-77% y a la atención al VIH e infecciones de transmisión sexual (-77.1%). La única excepción es el Programa 1000 días –que busca fortalecer los derechos de las mujeres embarazadas y de sus hijos hasta los 3 años de edad–, que aumentó su presupuesto 183,8 5%.

Los programas de infraestructura social del cuidado y del fortalecimiento edilicio de jardines infantiles también sufrieron durante el primer año de Gobierno de Milei, recortes superiores al 85%, lo que impacta principalmente sobre las mujeres, que son quienes realizan el 76% de las tareas de cuidado no remuneradas.

¿Qué pasará en el 2025?

Para el 2025, señala CEPA, “se prevé una profundización de los ajustes realizados en 2024, con recortes adicionales en áreas críticas como salud, educación, cuidados e ingresos”. Por ejemplo, en el Presupuesto 2025 elaborado por el Gobierno no figuran partidas específicas para el Programa Acompañar, ni para la Línea 144, ni para el Patrocinio Jurídico a Víctimas de Abuso Sexual ni para el fortalecimiento de la Educación Sexual Integral. “El ajuste fiscal no es neutral en términos de género, por el contrario, tiende a profundizar las desigualdades existentes. Así, en caso de aprobarse el proyecto de Presupuesto 2025 tal cual fue presentado o prorrogarse nuevamente el Presupuesto 2023, las consecuencias recaerán asimétricamente sobre mujeres y diversidades”, concluye el informe de CEPA.