Proveedores mineros aguardan el decreto reglamentario que activará la Ley de Desarrollo Local
Desde Caprimsa señalan que la reglamentación fijará las pautas del 80% de mano de obra y 60% de compras provinciales. Las empresas nacionales y locales exigen pautas claras antes de definir sus inversiones.
La aprobación de la Ley de Desarrollo Local Minero, sancionada en julio de 2026 por la Cámara de Diputados, representó un hito histórico para la industria sanjuanina. Sin embargo, para su efectiva puesta en marcha, el sector empresarial está a la espera de un paso crucial: la publicación del decreto reglamentario, norma que instrumentará el cumplimiento del 80% de empleo local y el 60% de compras a proveedores de la provincia.
Según informaron desde el Ministerio de Minería, el borrador ya fue revisado y la promulgación oficial se concretaría en las próximas semanas.
El valor de las certezas para invertir
En diálogo con Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (Caprimsa), destacó la trascendencia de este documento para captar capitales.
“Las empresas tienen su dinero y evalúan bien las condiciones antes de volcarlo en un proyecto. Nos preguntan tanto en Buenos Aires como en Rosario: ‘Está la ley, ¿pero qué dice el decreto reglamentario?’. Quieren saber bajo qué reglas van a competir”, explicó el dirigente.
Godoy remarcó que las firmas no invierten a ciegas y que la falta de una reglamentación clara frena decisiones estratégicas para el desarrollo del ecosistema minero local.
Aportes técnicos y control de cumplimiento
Desde 2025, Caprimsa trabaja en la construcción de consensos alineados con la visión del gobernador Marcelo Orrego. De hecho, la cámara participó de forma directa en la redacción del artículo 16 de la norma original. Ahora, las autoridades provinciales se comprometieron a compartir el borrador del decreto antes de su firma definitiva para que el sector privado pueda aportar su mirada técnica.
El objetivo central de Caprimsa es que el decreto se transforme en una herramienta jurídica estricta y auditable, capaz de corregir posibles desviaciones por parte de las empresas operadoras y garantizar que los beneficios impacten de forma real en la cadena de valor sanjuanina.
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