Revés judicial para el intendente de Angaco: rechazan su apelación y avanza la causa penal

La estrategia defensiva del intendente de Angaco, José Castro, y de los concejales Roberto López, Alberto De Los Ríos y Alejandro Paredes sumó un nuevo fracaso en los tribunales. La jueza Ana Lía Larrea rechazó de plano el recurso de casación con el que los funcionarios pretendían que la Corte de Justicia de la provincia interviniera para quitarle el caso al fuero penal y derivarlo al ámbito contencioso administrativo.

Con este fallo, el expediente regresa de inmediato a la etapa de formalización de la investigación, una instancia que se encontraba congelada por los sucesivos planteos de los abogados defensores. La magistrada argumentó que la casación no es procedente para este tipo de resoluciones, lo que destraba el camino para que el Ministerio Público Fiscal reactive el proceso.

El origen del “pacto”

La causa penal que acorrala al jefe comunal y a los tres ediles se inició tras la aprobación de una polémica resolución en el Concejo Deliberante de Angaco. Mediante ese documento, el cuerpo legislativo avaló una “reparación integral del daño” propuesta por el propio Castro. El objetivo detrás de esa maniobra era desactivar un juicio oral previo que el intendente arrastra por presunta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Para la Fiscalía, ese acuerdo político encubre maniobras delictivas graves, por lo que imputó a los protagonistas por:

• Abuso de autoridad

• Negociaciones incompatibles con la función pública

• Encubrimiento

A lo largo del proceso, la defensa insistió en que el conflicto central radica en la validez de una ordenanza municipal y que, por ende, correspondía a la Justicia Contencioso Administrativa dirimirlo. Sin embargo, ese argumento ya había sido rebotado en primera instancia y por el Tribunal de Impugnación.

Al cerrarse ahora la ventanilla de la Corte de Justicia por la decisión de la jueza Larrea, a los acusados se les agotan los márgenes de maniobra para dilatar los plazos, y la investigación penal recupera su curso definitivo.