La dupla conformada por Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro consiguió su primer éxito de la temporada 2023: en tiempo récord, el juez federal Sebastián Ramos archivó una denuncia que se había presentado por los chats que se filtraron a finales de diciembre y que mostraban cómo el principal asesor del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, le daba indicaciones al ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta. Para la clausura del caso jugó un rol clave el fiscal Carlos Stornelli, quien sostuvo que las comunicaciones eran producto de la inteligencia ilegal. “Este archivo a las apuradas, nada menos que de un especialista en espionaje ilegal como el fiscal Stornelli, reafirma la necesidad institucional del juicio político a la Corte”, le dijo a Página/12 el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. “Dan vergüenza ajena verlos intentando encubrir y silenciar los arreglos espurios de Rosatti y Larreta a través de sus intermediarios”, completó el funcionario.

En tan solo trece páginas, el juez Ramos sepultó la denuncia contra el director general de la vocalía de Rosatti. “No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”, escribió Ramos.

Sorprendió que el juez dijera tan rápidamente que la filtración era producto del espionaje ilegal porque ni siquiera indagó en el tema y porque en los tribunales de Comodoro Py hay una reticencia a investigar las prácticas de inteligencia ilegal –particularmente las que ocurrieron en el macrismo–. Hasta ahora, en esas denuncias se viene diciendo que no pasó nada o que fueron obra y gracia de un grupo de espías que actuaban por su propia cuenta.

“No somos iguales ante la ley”, responde la abogada Valeria Carreras, que representa a familiares de los submarinistas del ARA San Juan. En su caso, se encontraron los partes que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hacía sobre los parientes que reclamaban saber qué había pasado con el buque de la Armada Argentina que se hundió en noviembre de 2017. Pese a la evidencia, la Cámara Federal porteña –superior de Ramos– consideró que se trataba de tareas para garantizar la seguridad de Mauricio Macri y que sacarles fotos o buscar datos de los familiares no generaba una afectación de derechos. “Mis representadas no han tenido ni la celeridad ni las contemplaciones que han obtenido Robles y D’Alessandro”, apunta la abogada.

La desbandada

Después de que se conocieran los chats entre Robles y D’Alessandro, el abogado Gastón Marano –que ejerce como defensor de Nicolás Gabriel Carrizo en la causa del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y antes había sido asesor del PRO en la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI)– presentó una denuncia contra Robles. Sostenía que no podía estar asesorando a D’Alessandro porque no tiene matrícula como abogado y que tampoco podría hacerlo al ser funcionario de la Corte.

La denuncia quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo, que está de vacaciones. Durante enero, lo reemplazó la jueza María Servini, que se excusó de intervenir. La magistrada –que aparecía mencionada en la filtración de chats– tuvo una disputa con D’Alessandro por su custodia, lo que la obligó a pedir protección de la Policía Federal Argentina (PFA) y abandonar la que le proporcionaba la Policía de la Ciudad. El fiscal que debía intervenir era Carlos Rívolo, pero –como aparecía como contacto frecuente de D’Alessandro en la filtración– también se inhibió.

Después de la excusación de Servini, la causa pasó al juzgado de María Eugenia Capuchetti, pero ella también está de feria. Fue frente a esa desbandada que el expediente quedó en manos de Ramos, uno de los jueces que suele intentar pasar bajo el radar. Ramos le corrió vista al fiscal, que resultó ser Carlos Stornelli.

La mano de Stornelli

Stornelli, a diferencia de Ramos, tiene cierta facilidad para terminar involucrado en escándalos. En 2019, el juez Alejo Ramos Padilla estuvo durante nueve meses tratando de indagarlo por su asociación con Marcelo Sebastián D’Alessio, que se presentaba como abogado o especialista en narcotráfico en los medios pero, en realidad, se dedicaba a la inteligencia ilegal y la extorsión. Después de largos meses en rebeldía, Stornelli finalmente se presentó y Ramos Padilla lo procesó como parte de la banda que se dedicaba a la inteligencia ilegal. Pero el fiscal consiguió que la Cámara Federal de Mar del Plata le aliviara en mucho su situación: solo quedaron en pie los procesamientos por haber intentado hacerle una “cama” al exmarido de su actual pareja y una cámara oculta a José Manuel Ubeira, uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner.

Stornelli se frotó las manos cuando le llegó la denuncia contra Robles y pidió cerrarla. Dijo básicamente que él ya pidió investigar la filtración del teléfono de D’Alessandro como si fuera parte de una maniobra de espionaje ilegal y que ahora no podría impulsar una investigación sobre hechos que surgen de información que puede haber sido obtenida ilícitamente. De hecho, Stornelli lo que hizo fue impulsar la denuncia que presentó el propio D’Alessandro en la que se describe como una víctima y reclama que se investigue si el diputado Rodolfo Tailhade tuvo algo que ver con el hackeo.

Meses atrás, Página/12 ya había publicado que Stornelli estaba jugando a favor del sector de la Corte que lidera Rosatti cuando pidió cerrar la investigación sobre los desmanejos de la obra social que apunta hacia el entorno del supremo Juan Carlos Maqueda, aliado clave del presidente del máximo tribunal. Ahora, Stornelli hizo gala de su puntillosidad con la prueba. No pasó lo mismo en 2019 cuando pretendía usar escuchas ilegales –hechas a los exfuncionarios kirchneristas presos– para hacer caer la investigación del D’Alessiogate en lo que se conoció como “Operación Puf”.

Cuestión de mensajes

En este caso, Stornelli fue un paso más allá para postular el cierre en favor de Robles. Recurrió al fallo de Casación que reabrió la causa del memorándum con Irán y citó lo que entonces dijo la camarista Ana Figueroa sobre que no podría usarse como evidencia una escucha ilegal obtenida entre el excanciller Héctor Timerman y el presidente de la AMIA Guillermo Borger. La cita de Stornelli no es inocente: el caso del memorándum fue invocado por el oficialismo para explicar que los tribunales habilitaron investigar aún cuando la procedencia de una prueba era ilícita. Con la evocación del voto minoritario de Figueroa, el fiscal mandó un mensaje.

Ante ese escenario, se presentó el lunes último el abogado de Robles, Matías Ledesma, y pidió el archivo de la causa. Lo obtuvo al día siguiente. La noticia recién se conoció en las últimas horas del miércoles a partir de un artículo de Carlos Pagni en La Nación.

Ramos podría haberse ceñido a que Stornelli no impulsó la acción penal, pero también buscó dar un mensaje. “El juez debe velar porque no haya injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de las personas sin razón que la justifique”, señaló. Echó mano también a la comparación con la última dictadura en la que dijo que la protección de la privacidad “sufrió su punto de menoscabo más alto” y habló del Juicio a las Juntas –en tiempos en que el proceso contra los nueve comandantes se volvió mainstream gracias al éxito de Argentina, 1985–.

La doble vara

Al no haber querellantes, no habrá quien apele la resolución de Ramos. Robles tenía, también, denuncias que habían presentado los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja). Todo hace presuponer que seguirán el mismo destino en los tribunales de Comodoro Py.

“La doble vara de Comodoro PRO está llegando a niveles nunca vistos”, se queja Soria. “Cuando se trata de defenderse entre ellos y sus jefes se acuerdan de aplicar las garantías del debido proceso. Ahora, cuando el acusado sabe la marcha peronista, se olvidan del Código Procesal, las leyes y la Constitución”, agrega el ministro.

El fallo tiene efectos que van más allá de beneficiar a Robles, que figuraba como denunciado. A D’Alessandro, su supuesto compinche en las comunicaciones, le viene bien para intentar el regreso al gabinete de Rodríguez Larreta del que salió tras el escándalo de la filtración con una licencia temporaria. Pese a todo, D’Alessandro nunca terminó de irse porque se supo que se aseguró una designación como docente titular en el Instituto Superior de Seguridad Porteña (ISSP), donde la jueza Capuchetti aparece nombrada como investigadora senior.

A Rosatti fundamentalmente lo favorece el fallo de Ramos ante el inicio del trámite del pedido de juicio político. A partir del lunes, comenzarán las sesiones extraordinarias y, en los próximos días, se convocará a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para tratar la admisibilidad de las solicitudes que se presentaron.

El presidente de la Corte es quien concentró las críticas de los diputados y las diputadas del Frente de Todos por su “vocación cesarista” frente al Consejo de la Magistratura que él mismo preside después de un fallo que él mismo firmó, la cautelar a favor de la Ciudad en la disputa por la coparticipación, los desmanejos de la obra social y el 2×1 a los genocidas. Todo combinado con las supuestas comunicaciones entre su vocero y D’Alessandro.

Cerrada la denuncia en tiempo oportuno, es probable que la oposición –que se abroquela en defensa de los cuatro supremos– termine enarbolando la resolución como una bandera para decir que, si se sospecha del origen de la prueba, no podrá ser tenida en cuenta tampoco por el Congreso.

FUENTE: PAGIAN12

OPERADOR: ANA PAULA CARRASCO