San Juan lanza exigente licitación para contratar ART estatal: cobertura para más de 45.000 empleados

El Gobierno de San Juan, liderado por Marcelo Orrego, inició el proceso de licitación para contratar una nueva Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) que cubra a todos los empleados estatales, desde la administración pública centralizada y descentralizada hasta docentes, policías y personal del Servicio Penitenciario.

El llamado a licitación fue oficializado mediante un decreto firmado el 12 de noviembre, y establece estrictos requisitos para los oferentes. Entre las condiciones se incluyen:

  • Un patrimonio neto superior a 22.000 millones de pesos al cierre del último balance aprobado.
  • Experiencia en la cobertura de al menos 500.000 trabajadores asegurados a nivel nacional.
  • Ser parte de las siete compañías con mayor producción total en los últimos 12 meses.
  • Contar con al menos una póliza activa con una administración gubernamental provincial o municipal fuera de su jurisdicción.
  • Acreditar la cobertura de más de 8.000 trabajadores en San Juan hasta mayo de 2024.

La empresa adjudicada deberá garantizar la implementación de servicios de higiene, seguridad laboral, capacitaciones, evaluaciones ambientales, exámenes preocupacionales y atención a emergencias.

Un proceso sensible y histórico

Esta será la primera licitación de ART durante la gestión de Orrego. El tema ha generado controversias en el pasado: en 2005, el contrato fue otorgado directamente al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), lo que desató críticas por posibles favoritismos políticos. En 2017, durante la gobernación de Sergio Uñac, la licitación se abrió y resultó ganadora Provincia ART, logrando, según se informó, un ahorro considerable para la provincia.

En 2021, la firma AsociART obtuvo el contrato, cuya renovación vencerá el 30 de enero de 2025.

Transparencia como prioridad

El nuevo proceso apunta a fortalecer la confianza pública tras las polémicas del pasado. Con el pliego de licitación fijado en $3.500.000, el Gobierno busca empresas sólidas y con experiencia comprobada para ofrecer un servicio eficiente a los más de 45.000 empleados públicos que se estima trabajan actualmente en la provincia.

La decisión final será crucial no solo para la seguridad de los trabajadores, sino también para afianzar la transparencia en la administración pública.

 

 

Op: Juan Llarena

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