San Juan y Telecom mantienen una disputa judicial por una deuda millonaria del antiguo Lote Hogar
La Dirección General de Rentas reclama a la empresa de telecomunicaciones el pago de un adicional correspondiente al período comprendido entre 2019 y 2023. La compañía sostiene que el tributo contradecía los acuerdos fiscales firmados entre la Nación y las provincias. El caso ya se encuentra en la Justicia y podría sentar un precedente para otros contribuyentes.
Una controversia tributaria entre el Gobierno de San Juan y la empresa Telecom llegó a la Justicia provincial por el cobro del antiguo Adicional del Lote Hogar, un impuesto que fue eliminado durante la gestión de Marcelo Orrego, pero que continúa generando reclamos por obligaciones correspondientes a años anteriores.
El conflicto se originó luego de que la Dirección General de Rentas (DGR) detectara que la compañía, que actualmente comercializa sus servicios bajo la marca Personal, había dejado de abonar el adicional entre julio de 2019 y abril de 2023. Como consecuencia, el organismo provincial determinó una deuda que, según los cálculos administrativos, alcanzaba los 2,67 millones de pesos a marzo de 2024.
Sin embargo, Telecom rechazó la exigencia fiscal y decidió llevar el caso a los tribunales, al considerar que el cobro del adicional representaba un incremento encubierto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y vulneraba los límites establecidos en los Consensos Fiscales suscriptos entre el Gobierno nacional y las provincias.
La presentación judicial fue realizada por el abogado Martín Turcumán y quedó radicada en el Séptimo Juzgado Civil de San Juan. La causa ya atravesó una audiencia inicial y actualmente se encuentra en la etapa de producción de pruebas.
El argumento de Telecom para rechazar el impuesto
El eje de la discusión está relacionado con la forma en que se calculaba el Adicional del Lote Hogar, creado en 1984 para financiar programas habitacionales y contribuir a la erradicación de asentamientos precarios.
El mecanismo establecía un recargo equivalente al 20% del monto determinado por Ingresos Brutos. Para Telecom, esta modalidad implicaba, en los hechos, elevar las alícuotas del impuesto provincial por encima de los máximos permitidos mediante los acuerdos fiscales.
Durante los períodos cuestionados, la empresa tributaba distintas alícuotas según sus actividades: un 4% por servicios de acceso a internet, un 6,5% por telefonía móvil y un 2,5% por construcción, reforma y reparación de redes.
La compañía argumentó que agregar el porcentaje correspondiente al Lote Hogar modificaba la carga tributaria efectiva y contradecía los compromisos asumidos por San Juan al adherir a los Consensos Fiscales de 2017, 2019 y 2020.
En su presentación, la defensa sostuvo que estos acuerdos poseen una jerarquía normativa superior a las disposiciones provinciales y que su aplicación resulta obligatoria para las jurisdicciones que los suscribieron.
Además, señaló que las provincias habían asumido expresamente el compromiso de no aplicar alícuotas adicionales sobre los límites establecidos para Ingresos Brutos.
La Provincia defiende la legalidad del cobro
Desde Fiscalía de Estado, organismo encargado de representar los intereses de San Juan, rechazaron la interpretación de la empresa y defendieron la validez del adicional durante los períodos reclamados.
Los representantes legales de la Provincia sostienen que el Lote Hogar constituía un tributo independiente, destinado específicamente a financiar la construcción de viviendas sociales.
Según esta postura, utilizar el monto de Ingresos Brutos como base para calcular el adicional no significa que se tratara de una sobretasa de ese impuesto, sino de un mecanismo administrativo para facilitar su determinación.
La defensa provincial también remarcó que los sucesivos Consensos Fiscales no establecieron expresamente la eliminación ni la prohibición del Adicional del Lote Hogar, pese a que se trataba de un gravamen vigente desde décadas anteriores.
Otro de los argumentos presentados por Fiscalía de Estado apunta a que Telecom recién cuestionó formalmente el tributo en 2023, a pesar de que había estado vigente durante los años anteriores.
Una deuda que terminó en los tribunales
La controversia comenzó en el ámbito administrativo cuando Rentas determinó de oficio la obligación tributaria de la compañía.
El organismo estableció un capital reclamado de 1.090.832 pesos, mientras que el monto actualizado informado para marzo de 2024 ascendía a 2.677.050 pesos. También dispuso una multa por omisión fiscal equivalente al 10% y notificó a la empresa sobre su posible clasificación como contribuyente de riesgo fiscal.
Telecom presentó un recurso de reconsideración para que la administración tributaria revisara la decisión, pero el planteo fue rechazado el 10 de enero de 2025.
Con la vía administrativa agotada, la empresa avanzó con la demanda judicial para intentar dejar sin efecto la obligación de pago.
Un fallo que podría tener consecuencias más allá de Telecom
Aunque el monto económico involucrado no representa una cifra significativa para las finanzas provinciales ni para la compañía, la resolución judicial podría adquirir relevancia por sus posibles efectos sobre otros conflictos tributarios.
Una sentencia favorable a Telecom podría convertirse en un antecedente para otras empresas que hayan cuestionado el mismo adicional, tanto en San Juan como en jurisdicciones donde existan controversias similares.
Por el contrario, un pronunciamiento favorable al Estado provincial respaldaría la interpretación de que el Lote Hogar constituía una obligación tributaria independiente de Ingresos Brutos.
De acuerdo con la información conocida en el ámbito judicial, existen al menos otros dos expedientes con características semejantes, aunque no trascendieron detalles sobre las empresas involucradas.
El Adicional del Lote Hogar dejó de estar vigente tras su derogación mediante la Ley Impositiva Anual aprobada en diciembre de 2025. No obstante, su eliminación no resolvió automáticamente los reclamos vinculados con períodos anteriores.
Ahora será la Justicia sanjuanina la encargada de determinar si la Provincia tenía derecho a exigir el pago del tributo o si su aplicación resultaba incompatible con los compromisos fiscales asumidos ante la Nación y las demás jurisdicciones.
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