Santilli advierte a los gobernadores que un regreso del kirchnerismo pondría en riesgo las inversiones mineras en San Juan

El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, lanzó una severa advertencia a los gobernadores provinciales sobre las consecuencias económicas que, según su visión, acarrearía un eventual regreso del kirchnerismo al poder en 2027. Durante una entrevista con Radio Mitre, el funcionario sostuvo que una administración opositora —con figuras como Axel Kicillof a la cabeza— podría revisar los regímenes de promoción de inversiones, poniendo en jaque el desarrollo productivo de distintas regiones del país, con especial impacto en los proyectos de cobre de San Juan.

“Imaginemos que el kirchnerismo vuelve y arriba Kicillof”, planteó Santilli al ser consultado sobre la relación con los mandatarios provinciales y la falta de acuerdos electorales. En ese escenario, afirmó que desde ese espacio político ya se anticipó la intención de modificar los incentivos a la inversión, por lo que disparó una advertencia directa: “Los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores”.

En su exposición, el funcionario enumeró cómo se verían afectadas diferentes jurisdicciones según su perfil productivo: mencionó a San Juan por su minería de cobre, a Salta por el desarrollo del litio, a Neuquén y Río Negro por Vaca Muerta, a Córdoba por las retenciones al sector agropecuario y a Santa Fe por las políticas de seguridad contra el narcotráfico.

“Nosotros trabajamos con los gobernadores que creen en un país distinto, que siguen luchando para que lleguen sus inversiones y para que se genere trabajo en sus provincias”, remarcó el jefe de Gabinete, reivindicando el vínculo con los mandatarios dialoguistas que respaldan el rumbo económico nacional.

El impacto en San Juan y los proyectos bajo el RIGI

La advertencia del Gobierno nacional cobra especial relevancia para la economía sanjuanina debido al fuerte impulso que registran los grandes proyectos cupríferos amparados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta impulsada por la administración de Javier Milei que otorga estabilidad normativa por 30 años, además de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

Actualmente, San Juan cuenta con cuatro iniciativas aprobadas bajo este esquema, que totalizan inversiones comprometidas por aproximadamente US$13.510 millones (montos previstos en los planes aprobados, a la espera de sus desembolsos definitivos):

• Vicuña (Josemaría y Filo del Sol): Es el proyecto de mayor envergadura, con una inversión estimada en US$9.737 millones. Desarrollado por BHP y Lundin Mining, recibió la aprobación del RIGI en julio de 2026 para la producción de cobre, oro y plata.

• Los Azules: Ubicado en el departamento de Calingasta y operado por McEwen Copper, cuenta con un desembolso previsto de US$2.672 millones (aprobado en octubre de 2025) destinado a la construcción de una mina y una planta de cátodos de cobre.

• Gualcamayo (Carbonatos Profundos): Operado por Minas Argentinas (grupo AISA) en Jáchal, tiene un RIGI aprobado por US$665 millones para extender la vida útil del complejo aurífero y argentífero.

• Veladero: A cargo de Minera Andina del Sol, recibió la aprobación en abril de 2026 por US$436 millones para financiar la ampliación de las fases 8 y 9 de su sistema de lixivización de oro y plata.

Lectura política y agenda legislativa

Las declaraciones de Santilli se concretaron luego de que la oposición fracasara en su intento de reunir el quórum necesario en la Cámara de Diputados para derogar el DNU 70/2023, una de las piedras angulares de la política económica del oficialismo. El funcionario celebró este revés opositor y lo interpretó como una muestra de respaldo por parte de los gobernadores: “No dar quórum es trabajar a favor de los argentinos”, sentenció.

Asimismo, se mostró optimista respecto al debate parlamentario en torno a la reforma electoral impulsada por la Casa Rosada, la cual contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Defendió la medida al argumentar que su eliminación redundará en una baja sustancial de los costos operativos de los comicios y una menor carga de concurrencia a las urnas para la ciudadanía.

OP: Juan Pablo Amaya