Tras el pedido de Brasil por los exiliados bolsonaristas, el gobierno de Javier Milei modificó la condición de refugiados

• Cuando la persona refugiada, mediante actos inequívocos, se haya acogido voluntariamente a la protección del país de su nacionalidad
• Cuando la persona refugiada, habiendo perdido su nacionalidad, la haya recobrado voluntariamente.
• Cuando la persona refugiada haya adquirido una nueva nacionalidad y disfrute de la protección del país de su nueva nacionalidad.
• Cuando la persona refugiada se haya establecido voluntariamente en el país de residencia habitual que había abandonado o fuera del cual había permanecido por temor a ser perseguida.
• Cuando la persona refugiada haya abandonado el territorio argentino y fijado su residencia en otro país, acogiéndose a su protección
• Cuando la persona refugiada no pueda continuar negándose a la protección del país de su nacionalidad, debido a que han desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, siempre que dicho cambio de circunstancias sea significativo y no de carácter temporal.
• Cuando la persona refugiada, careciendo de nacionalidad, pueda regresar al país de su anterior residencia habitual debido a que han desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada o apátrida.

Por último, la medida del Gobierno también dispuso cambios en el artículo 12 de la Ley Nº 26.165. Allí se definió que sea la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) el organismo que decidirá la aplicación de las cláusulas de cesación en primera instancia.

El pedido de Brasil

El gobierno de Brasil envió, el pasado 16 de octubre, un pedido formal al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación solicitando la extradición de decenas de militantes y activistas identificados con el expresidente Jair Bolsonaro. Según detalla el documento, los mismos se encuentran en la Argentina residiendo en calidad de refugiados o bien de manera irregular.

La orden fue emitida por el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes y fue recibida el pasado jueves por la Cancillería argentina, que analiza el escrito y evalúa los pasos a seguir. Los acusados fueron imputados por la Justicia brasilera tras lo que fue el episodio de asedio a la sede del Gobierno y el Congreso carioca, durante la asunción de Lula Da Silva el 8 de enero de 2023.

Inicialmente, el pedido fue elevado por la Policía Federal brasileña ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Tras esto, De Moraes remitió el documento al Ministerio de Justicia quién, posteriormente y a través de los mecanismos correspondientes, envió la solicitud a Cancillería argentina.

La extradición es una figura legal que se presenta a un país, por vía diplomática, para solicitar que una o varias personas sean entregadas privadas de su libertad con el objetivo de ser sometidas a un proceso penal – o bien cumplir una condena ya impuesta – en el Estado de origen de la petición. Más allá de los cambios en la regulación, se espera que el Gobierno se expida sobre la solicitud de su par latinoamericano.

Los pedidos de extradición surgen en el marco de las investigaciones que lleva a cabo la Justicia brasilera por el asalto a la Plaza de los Tres Poderes, Brasilia, hecho al que el gobierno brasilero catalogó como un «intento de golpe de Estado» contra el presidente Lula Da Silva. Durante la asunción, centenares de simpatizantes del exmandatario Jair Bolsonaro invadieron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el STF para manifestarse contra la llegada de Lula al poder, tras vencer en las elecciones.

Tras la manifestación, la policía identificó a decenas de involucrados, algunos de los cuales fueron condenados a penas de hasta 17 años de cárcel por delitos como intento de golpe de Estado, asociación criminal armada y daños a edificios y monumentos históricos. Sin embargo, y tras meses de búsqueda, los investigadores dieron cuenta de que muchos de los imputados habían escapado hacia Argentina, Uruguay y Paraguay, según detalló la prensa brasileña.