La Cámara de Apelaciones en lo Civil ha tomado una decisión crucial en el caso de los 2.000 estatales despedidos, retrotrayendo la situación al 24 de enero. Este movimiento revierte la determinación de un juez que ordenó la reincorporación de estos trabajadores mientras esperaban una resolución judicial. El tribunal ha desestimado el fallo previo de otro juez que se había pronunciado en contra de esta medida, estableciendo que la decisión definitiva queda bajo la jurisdicción de la Cámara Civil.
Este acontecimiento se suma a otras reinstalaciones de entre los 5.000 trabajadores desvinculados por supuestos contratos irregulares, una medida atribuida a Marcelo Orrego. El gobierno también ha revisado casos y determinado la necesidad de devolver a estos trabajadores a sus puestos.
La decisión de la Cámara va en contra del último pronunciamiento judicial a cargo del magistrado Héctor Rollán, quien invalidó la solicitud del Sindicato de Empleados Públicos de un amparo para la reincorporación de los trabajadores mientras se resuelve la causa. A pesar de la apelación presentada por la Fiscalía de Estado para mantener la decisión de Rollán, el tribunal de apelaciones la ha rechazado.
El sindicato había recurrido a la justicia para declarar nulo el despido de los 2.000 trabajadores y había solicitado su reincorporación mediante un recurso de amparo hasta que se emitiera una sentencia definitiva. El juez civil Walter Otiñano había aceptado esta petición el 24 de enero, pero su decisión fue revocada por Rollán días después debido a problemas de documentación presentados por el sindicato.
El fallo de la Cámara de Apelaciones critica específicamente la interpretación de los tiempos por parte del juez Rollán, considerando que no se han cumplido adecuadamente. Con esta reversión, se reanudan los procesos legales y será responsabilidad de la Justicia Civil determinar la situación en adelante.
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