Un puntero político sanjuanino y su familia, a un paso del juicio por quedarse con planes sociales de personas vulnerables

Después de casi una década de investigación, la Justicia Federal de San Juan comenzará a definir el futuro judicial de una familia acusada de montar una maniobra para apropiarse de dinero destinado a beneficiarios de programas sociales. Aunque el debate oral estaba previsto para iniciarse este jueves, en las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de un acuerdo de juicio abreviado que podría evitar el desarrollo completo del proceso.

El principal acusado es Romeo Isidoro Saavedra, un reconocido puntero político del departamento Chimbas, cuya detención en 2017 generó un fuerte impacto en la provincia. El hombre fue sorprendido mientras realizaba extracciones en un cajero automático utilizando decenas de tarjetas vinculadas a planes sociales.

El episodio ocurrió en una sucursal bancaria, donde su prolongada permanencia operando con distintos plásticos despertó sospechas entre clientes y empleados. La situación derivó en la intervención policial y, al ser requisado, los efectivos encontraron en su poder 51 tarjetas de débito y una importante suma de dinero retirada minutos antes.

A partir de ese procedimiento, la investigación federal avanzó sobre otros integrantes de su entorno familiar. Entre los imputados aparecen su hija, Sol Araceli Saavedra, estudiante universitaria, y su hermano, Juan José Saavedra, quien en aquel momento se desempeñaba en la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación.

De acuerdo con la acusación, la organización captaba a personas en situación de vulnerabilidad para incorporarlas a programas sociales y luego se quedaba con gran parte de los fondos acreditados. La maniobra consistía en gestionar el acceso a los beneficios, controlar las tarjetas bancarias y retirar el dinero para entregar solo una parte a los verdaderos titulares.

Los investigadores sostienen que, en numerosos casos, los beneficiarios recibían menos de la mitad del monto asignado por el Estado, mientras el resto quedaba en manos de los acusados.

Ahora, los integrantes de la familia enfrentan cargos por presunta asociación ilícita y fraude contra la administración pública nacional. El juicio debía comenzar en el Tribunal Oral Federal, bajo la conducción del juez Hugo Echegaray, aunque las negociaciones entre la Fiscalía y las defensas podrían derivar en un juicio abreviado con reconocimiento de responsabilidad a cambio de penas reducidas.

La definición podría conocerse en las próximas horas y marcar un nuevo capítulo en una de las causas por corrupción social que más repercusión generó en San Juan.

op:CHECO MURCIANO